Ya se sabe que las leyes, por más perfectas que sean, sólo impactan en la realidad si van acompañadas de las condiciones materiales apropiadas. En este caso, lo que está en juego es la modificación de las reglas aplicadas a los trámites de los procesos judiciales no penales (civiles y comerciales, laborales y de lo contencioso administrativo), incluso los atinentes a la Justicia de Paz. Una reforma procesal de tal magnitud, cuyo fin último es sacar a la Justicia del pozo de la mora objetiva en la que cayó hace tiempo, no puede sino ir de la mano de una gran inversión en términos edilicios, de creación de cargos, de incorporación de tecnología y de capacitación. El lunes, tanto Marcelo Caponio, el legislador oficialista que preside el comité a cargo de elaborar un anteproyecto, como Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, dijeron que había que aspirar a la mejor reforma posible. 

Luego de escuchar las exposiciones sobre institutos novedosos implementados en las provincias de Río Negro y La Pampa, y en Chile y Uruguay, Sbdar se refirió a las dudas que plantearon los oradores sobre la posibilidad de replicar en Tucumán unos cambios que requieren de grandes apuestas de infraestructura. “Creo que hay que pensar en la mejor reforma y que tenemos que obtener los medios adecuados para llevarla a la realidad. No debemos elaborar un anteproyecto de ley condicionado porque eso sería desperdiciar todo este esfuerzo”, expresó la magistrada, según la versión taquigráfica de la reunión, que por primera vez contó con la presencia del ministro público Edmundo Jiménez. Forman parte del comité especial parlamentarios, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, abogados y académicos. 

Al cierre del encuentro, Caponio suscribió las palabras de Sbdar en cuanto a que conviene ser ambiciosos: “de aquí tiene que surgir el mejor anteproyecto. Por la experiencia de la reforma procesal penal (insumió tres años de trabajo y está próxima a ser sancionada), sabemos que luego viene una dura discusión respecto de la implementación. También sabemos que el Estado debe invertir en infraestructura y en la capacitación porque el objetivo primordial es brindar un mejor servicio de Justicia en todos los fueros”.

El comité seguirá estudiando las novedades de otras jurisdicciones antes de iniciar la redacción del anteproyecto (la actividad se reiniciará el 8 de agosto).

Según los organizadores, las exposiciones del lunes fueron elaboradas por Karina Lescano, Martín Tello, María José Posse, María Teresa Torres, Héctor Ulla, Fabiola Herrera Prieto,Cecilia Leonor Ponso, Raúl Horacio Bejas, Inés Yamus, Agustín Repetto, Santiago Peral, Luis Cossio, Ana María Antún de Nanni, Sandra Roldán, Juan Musi, Ricardo Soria, Silvana Gandino, María del Pilar Amenábar, Horacio Bliss, Juan Carlos Peral,Eduardo Dip Tártalo, René Goane (h), Sergio Suarez, Xiomara Vacaflor Klyver,Myriam Castillo, Marcela Ruiz, Graciela Valls, Jesús Lafuente, Gerardo Tomás,Augusto Ávila, Enrique Sancho Miñano, René Padilla, Luis Alberto Marquetti,Cecilia Lucía Prebisch, Judith Castro Jozami y Héctor Atonur.