El proyecto de modificación del Código Procesal Penal fue enviado ayer por el gobernador Jorge Sapag a la Legislatura, cumpliendo así con el anuncio que había realizado en su discurso el 1 de marzo, en ocasión de la apertura del período de sesiones ordinarias.

La normativa, que sustituye el contenido del artículo 114 de la Ley Nº 2784, busca ofrecer mayores herramientas a los jueces para que se pueda dictar la prisión preventiva en los casos en “que resulta indispensable por presumir que el imputado no se someterá al procedimiento u obstaculizará la investigación”. También si la liberación de un imputado pone en riesgo “la seguridad y la paz social”, debiéndose considerar para ello “la gravedad de la pena asignada al delito, la naturaleza violenta de la conducta desplegada o la existencia de procesos penales en trámite en su contra que, en su conjunto, generen una expectativa de pena mayor o permitan presumir que éste continuará la actividad delictiva”. Y, por último, estipula la prisión preventiva cuando “la liberación del imputado pueda poner en riesgo la integridad de la víctima, de su familia o sus bienes”.

Esta decisión del mandatario neuquino generó polémica, dado que se trata de una modificación a un código de reciente aprobación y que había sido discutido en el seno de la Legislatura durante años. Sin embargo, fue el propio Sapag quien la semana pasada elogió el nuevo Código Procesal, al señalar que a partir de su aplicación los tiempos de los procesos son más cortos y que esta nueva normativa no pretende “darles indicaciones a los jueces, fiscales ni defensores, sino herramientas que figuran en el derecho”.

Fundamentos

Sapag explicó que estos elementos incorporados al Código deben tenerse en cuenta “cuando se trata de una violación, un homicidio, un robo con armas con violación de domicilios, hechos graves que afectan la seguridad y la paz social”. Dijo que “en esos casos el juez tiene que tener herramientas más sustanciosas para definir la prisión preventiva de una persona y no permitir la excarcelación de un individuo que sabemos que ha sido autor o cómplice del hecho”.

Sostuvo que la propuesta de reforma introduce dos conceptos que funcionan como herramientas para el juez y que hasta ahora no eran tenidas en cuenta, como los procesos que tiene pendiente un determinado imputado, “que no necesariamente aplique a los reincidentes con una sentencia condenatoria, ya que no todos los delincuentes tienen una sentencia inmediata, porque, por ejemplo, si el imputado ha delinquido varias veces en los últimos meses, seguramente tendrá causas acumuladas y este elemento no lo contemplaba el Código Procesal Penal”.

Apuntó que si hay causas acumuladas, con un hecho violento y una condena grave “se reúnen las circunstancias para que el juez pueda dictar la prisión preventiva, lo mismo que si el juez considera que el imputado va a continuar en la repetición de hechos delictivos. Es el juez, en su íntima convicción y con este plexo normativo, el que puede analizar si conviene o no a la sociedad la prisión preventiva del sujeto”. Sapag aseguró que “es una mirada más para la seguridad de la sociedad que para el delincuente”.