El viernes se levantarían los bloqueos de vías y se suspenderían las protestas en la región colombiana de Catatumbo. Las manifestaciones llevan más de 50 días
Así lo anunció este miércoles el Gobierno al dar a conocer la comisión integrada por el ex presidente Ernesto Samper Pizano; el obispo de Tibú, Omar Alberto Sánchez; el fiscal general, Eduardo Montealegre, el vicepresidente Angelino Garzón; los congresistas Iván Cepeda y Juan Fernando Cristo; Todd Howland, representante de la Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y el sacerdote Francisco de Roux.
Son unos 10 mil campesinos que protestan desde el pasado 7 de junio exigiendo mayor inversión social, la suspensión de la erradicación de cultivos de coca y marihuana, proyectos productivos de sustitución, interrumpir el plan consolidación de la seguridad de las autoridades y, principalmente, la creación de una Zona de Reserva Campesina.
Por su parte, el congresista Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, fue el que informó sobre la conformación de una comisión para levantar el paro en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte Santander y en la frontera con Venezuela.
"La Comisión se reunirá con los campesinos que lideran la movilización social este viernes 2 de agosto en el sitio La Aduana, (municipio) de Tibú (Norte de Santander). Allí anunciarán el levantamiento del paro y el desbloqueo de la vía Cúcuta-Tibú, a partir de la mañana del sábado 3 de agosto, y se definirá la fecha de reinicio de una mesa de negociación entre campesinos y Gobierno Nacional, que girará en torno a cinco puntos esenciales planteados por los voceros del paro", dijo en un comunicado de prensa Cepeda, quien además es copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes.
Según dijo a la AP Cesar Jerez, uno de los principales líderes de los manifestantes, el viernes podría solucionarse el paro.
Las protestas se iniciaron el 11 de junio y hasta ahora han dejado cuatro civiles muertos y decenas de heridos, entre particulares y miembros de la fuerza pública. Según el delegado en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, esas muertes pudieron haber obedecido a excesos de la fuerza pública.

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