Las empresas agrícolas serían proveedoras de importantes comercializadoras de papas fritas congeladas en el mercado local pero no cumplían con ninguna medida de higiene. En los campos inspeccionados se encontraron viviendas precarias, sin agua corriente, energía eléctrica ni baños, en las cuales descansaban los trabajadores.

La comida para consumo de los empleados estaba al aire libre, sin adecuada refrigeración que podrían haber sido suministrados a los trabajadores por los propios empleadores.

En algunos de los relevamientos se encontró una gran cantidad de bebidas alcohólicas y envases vacíos, que fueron suministradas a los trabajadores con conocimiento de los empleadores. Los empleados tomaban alcohol desde antes de las 9 de la mañana y llevaban a cabo sus tareas en ese estado.

Durante el transcurso de una de las inspecciones, uno de los empleadores formalizó el trámite de alta de 21 trabajadores no registrados. Dadas las irregularidades constatadas, la Afip presentó una denuncia penal por explotación laboral ante el juez federal.

A los trabajadores se les tomó declaración testimonial y relataron que habían sido trasladados desde la provincia de Santiago del Estero por encargo del empleador y con medios de transporte que él mismo proveyó.