La provincia de Santiago del Estero adoptó una decisión que amenaza con recrudecer el viejo conflicto interjurisdiccional con Tucumán, a raíz de la contaminación que ocasionan las industrias locales en la cuenca Salí-Dulce y el dique El Frontal de Termas de Río Hondo.

Según confirmaron ayer a EL SIGLO fuentes del Gobierno de la vecina provincia, la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo de Santiago se constituirán a principios de la próxima semana como querellantes en las causas que investiga la Justicia Federal por el daño ambiental producido en la región.

Con la medida, el fiscal de Estado, Raúl Abate, y el Ombudsman santiagueño, Martín Díaz Achával, podrán tener acceso pleno a los expedientes, a ser notificados sobre las medidas procesales que se adopten en torno a las investigaciones y, fundamentalmente, a presentar pruebas periciales y testimoniales en las causas ambientales que se tramitan, tanto en esa provincia, como en Tucumán. Mientras tanto, se espera que en los próximos días el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, fije fecha para citar a indagatoria a los responsables de las fábricas tucumanas acusadas por contaminar los ríos tributarios de la cuenca Salí-Dulce y el dique de Termas.

Previamente, el magistrado elevó pedidos de informes a sus pares de nuestra provincia, al igual José Fernándezque a la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán, entre otras reparticiones oficiales, a los fines de identificar e individualizar a los dueños o responsables de los 15 ingenios azucareros, las cinco citrícolas, la Papelera Tucumán, Minera Alumbrera y la Sociedad Aguas de Tucumán.

El avance de las causas

Como se recordará, el titular del Juzgado Federal II de Tucumán, Mario Agustín Racedo, procesó días atrás al dueño del ingenio Ñuñorco y presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART) por considerarlo presunto autor, penalmente responsable, del delito de contaminación con riesgo para la salud previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051, de residuos peligrosos. Concretamente, el industrial está acusado por envenenar con efluentes de su fábrica, instalada en Monteros, las aguas del río Pueblo Viejo, que desemboca en el río Salí, el cual a su vez es tributario del dique El Frontal.

Además, Racedo resolvió elevar a juicio oral, por el mismo delito, la causa contra los directivos de la citrícola La Cota, José Trujillo y Miguel Paz Posse, quienes fueron imputados por envenenar con desechos industriales un canal de Tafí Viejo que también desemboca en el río Salí.

Por otro lado, tal como anticipó EL SIGLO en su edición de ayer, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó el procesamiento del intendente de Concepción, Osvaldo Morelli, quien quedó a un paso de ser sometido a un juicio oral por ser presunto autor penalmente responsable de un delito ambiental en una causa que investiga la presencia de residuos patogénicos sin tratamiento alguno en un basural municipal. Además, el Jefe Comunal es acusado por haber contaminado con esos desechos peligrosos las aguas del río Gastona, otro de los tributarios del embalse de Termas de Río Hondo.

Por delitos contra la Ley 24.051, que prevé penas de tres a diez años de prisión para los responsables por contaminación y establece condenas aún mayores en caso de que dicho accionar delictivo ocasione la muerte de alguna persona, anteriormente habían sido procesados directivos de los ingenios Santa Rosa: José Fernández y La Corona: Enrique González, Silvio Peluffo y Héctor Mateos.

Preocupación por la vinaza

Abate, fiscal de Estado de Santiago, realizó declaraciones a la prensa sobre la contaminación del dique El Frontal, e hizo especial hincapié en la contaminación de la industria azucarera tucumana con vinaza. "Por cada litro de alcohol se producen entre 11 o 13 litros de vinaza, la cual ha producido la mortandad de peces (...) Me tienen que probar dónde fueron a parar los millones de litros de vinaza que necesariamente debo producir al generar alcohol. Es una ecuación, es matemático", expresó el funcionario.

Respecto a la decisión del Estado de Santiago del Estero de presentarse como querellante en las causas ambientales explicó que "el querellante es una especie de ayudante del fiscal de la causa" y precisó que esto tiene como objetivo generar medidas capaces de frenar la contaminación del embalse.

La constitución como querellante sería una idea que analizaban ambos organismos, a modo de ir consolidando los distintos pasos que diera la Justicia en contra de los culpables de la contaminación de la cuenca Salí-Dulce.

Finalmente, el funcionario destacó la importancia de defender la flora y fauna del embalse. "Me preocupo por mi provincia, no voy a esperar que Tucumán tome medidas", sentenció.