El informe fue elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) que, bajo la premisa de fomentar un sistema judicial más transparente, diseñó el índice de acceso a la información judicial de las provincias argentinas, poniendo en evidencia sus niveles de acceso a la información.

La evaluación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el último trimestre de 2014, y que fue revisado entre abril y mayo de 2015 se basó en 11 ejes, entre ellos la “transparencia activa”, de acuerdo a la publicación de información normativa, presupuestaria, declaraciones juradas y organigrama o la “producción de datos” con los que se examinó si se publicaban estadísticas de gestión de los juzgados santacruceños. También se evaluó si acaso en nuestra provincia, el Poder Judicial genera “interacción con la ciudadanía” esto es, si existen servicios digitales que garanticen un servicio de justicia de calidad acorde a los tiempos actuales.

Otro punto que se destaca, es la investigación respecto de si se hace pública la “selección y remoción de magistrados” en el caso de que haya jueces contra los que se iniciaron procesos de  enjuiciamiento “desde su convocatoria hasta el dictado de la desestimación, la absolución o la remoción”.

Según el ranking, a Santa Cruz le fue muy mal, ya que quedó en el puesto número 21 de los 24 distritos y con uno de los peores puntajes (27,5 sobre un total posible de 82). Sin embargo, esta puntuación es grave en términos de acceso a la información pública de los santacruceños que, como todo ciudadano tienen garantizado este derecho en los artículos 14, 16 y 33, 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional.

Tal como lo informara TiempoSur oportunamente, en Santa Cruz rige una acordada que, si bien no es determinante,  hoy es esgrimida por jueces y fiscales de la provincia para no acceder a las requisitorias periodísticas.

La misma fue firmada el 18 de abril de 2013 por la presidenta, Clara Salazar y las vocales Alicia de los Angeles Mercau y Paula Ludueña Campos, mientras que Daniel Mariani y Enrique Peretti se encontraban de licencia.

El documento fue emitido tras que no cayeran bien las publicaciones de TiempoSur y otros medios, referidas al fallo del juez Alejandro Cabral que había sugerido al adecuación legislativa para acelerar la recuperación de viviendas usurpadas, cosa que luego fue ley.

“Que por todo lo expuesto y ante las declaraciones por parte de magistrados a medios masivos de comunicación,  que no se condicen con las circunspección a la cual están obligados, resulta oportuno exhortarlos a mantenerla, evitando trascendencia inadecuada y recordar que las relaciones entre los medios de comunicación y el Poder Judicial requieren pautas que aseguren la libertad de información como el derecho a que las mismas sean veraz, con el adecuado respeto de la función judicial y la obtención de sus fines y que deberán ser cuidadosos y prudentes en sus palabras y actos para no generar publicidad adicional o convertirse en foco de atención personal, evitando emitir expresiones que puedan ser mal interpretadas o sacadas de contexto; y que en lo sucesivo deberán dar estricto cumplimiento a lo regulado por el Artículo 9 del Reglamento para la Justicia de la Provincia de Santa Cruz y a los acuerdos adoptados por este Alto Cuerpo respecto del tratamiento de conducta de magistrados, funcionarios y empleados, y declaraciones efectuadas por magistrados a medios masivos de comunicación” reza parte del texto.

Hoy por hoy, obtener declaraciones de un magistrado santacruceño o de un fiscal, que no sea en calidad de “off the record” (extraoficialmente) es, a excepción de algún caso, complicado porque básicamente todos argumentan que se les “prohíbe”.

Sin embargo, tampoco se puede acceder a los fallos, resoluciones o acordadas a través del sitio oficial de la Justicia, www.jussantacruz.gov.ar porque no hay actualización sobre estas decisiones trascendentes para la sociedad, sino más bien se dan a conocer acciones del “microclima” judicial, como son charlas o capacitaciones.

A nivel nacional, la Corte Suprema dictó el 21 de mayo la acordada Nº 15/13 en la que se establecen pautas para la publicación de todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas que suscriban los jueces de las Cámaras Federales o Nacionales y los Tribunales Orales sin excepción, considerando que el cumplimiento del principio de publicidad de los actos de Gobierno es una exigencia ineludible para las autoridades públicas puesto que es inherente al sistema republicano de gobierno.

Según la CIPPEC, los desafíos para provincias como la nuestra son “promover un cambio cultural en el Poder Judicial, para orientar su accionar hacia la apertura y la transparencia”, “Concentrar toda la información en un solo sitio web para facilitar el acceso a la información”, “Fomentar el trabajo del Poder Judicial en conjunto con los poderes Ejecutivos y Legislativos, para conocer y aprender de las experiencias de otros poderes estatales” y advierte que el acceso a la información sobre “la gestión de los tribunales, sus recursos y sus sentencias permite a la sociedad conocer su funcionamiento”.