El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Di Toffino, se reunieron este martes con los titulares de las carteras del área de las regiones de Cuyo y Patagonia para avanzar en los informes provinciales sobre Derechos Humanos.
La Secretaría señaló que “durante la reunión, se consensuó la metodología para la elaboración del Informe de Avances y Buenas Prácticas en Derechos Humanos, y los ejes temáticos que se priorizarán, como violencia institucional; violencia contra las mujeres; memoria, verdad y justicia; pueblos originarios, y derechos económicos, sociales y culturales”.
Fresneda explicó a los funcionarios provinciales que el Informe “debe ser un diagnóstico anticipado que permita generar mecanismos de prevención de violaciones de derechos” y puso a disposición la “colaboración del gobierno nacional para resolver los conflictos que se presenten en cada provincia”.
Por su parte, Di Toffino resaltó que el Informe será “una herramienta que va a dar un salto cualitativo en la coordinación, cooperación y ejecución de políticas públicas de derechos humanos que tiene la Nación con las provincias”.
“Buscamos identificar prioridades de trabajo con los Estados provinciales, porque para la Secretaría de Derechos Humanos, los derechos humanos se tienen que incorporar como un enfoque cotidiano dentro de la gestión pública nacional, provincial o municipal”, agregó.
La Secretaría de Derechos explicó que el Informe contendrá datos sobre los marcos normativos de cada provincia para la promoción y protección de los derechos humanos, como así también la infraestructura e instituciones de diferentes niveles estatales que trabajen sobre la temática.
“Se informará sobre qué acciones se llevan adelante, sus resultados, y se identificarán las mejores prácticas para tomar como ejemplo en otras provincias, como así también se definirán las prioridades de cada región”, especificó la cartera en un comunicado.
Además, señaló que el Estado nacional brindará la colaboración necesaria para el fortalecimiento de las estructuras provinciales de derechos humanos y la ejecución de políticas públicas, y coordinará las acciones entre las provincias para optimizar recursos y profundizar la cooperación regional.
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