Esta tarde la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo para el traspaso de la dotación del personal y de funcionarios del Sistema de Conclusión de Causas al nuevo Sistema de Enjuiciamiento Penal. El jefe de la bancada socialista, Rubén Galassi, fue el encargado de informar de qué se trataba el proyecto y aseguró que con esta iniciativa "se viene a poner fin a una etapa de un cambio institucional profundo y de gran trascendencia".

La iniciativa contó con la abstención del Bloque del Frente Social y Popular, integrado por Carlos Del Frade y Mercedes Meier, del bloque del Frente Justicialista para la Victoria que conforman Héctor Cavallero, Silvia Simoncini, Germán Baccarella, Patricia Chialvo y Roberto Mirabella; y del bloque Igualdad y Participación, de Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani.

En un breve resumen de cómo se produjo el cambio del viejo al nuevo sistema penal, Galassi enumeró que en 2007 se sancionó la Ley 12.734 que creó el nuevo Código Procesal Penal; en 2009 se aprobaron cuatro leyes como la de Transición (conocida como conclusional de causas), la ley de creación del Ministerio Público de la Acusación; la de creación del Sistema Público de Defensa Penal; y la de organización de los tribunales penales y gestión judicial (administración judicial).

El 10 de febrero de 2014 se puso en marcha el nuevo sistema con la implementación del nuevo código, mientras que tres años después se venció el plazo establecido para que se hayan tramitado y finalizados los procesos de todas las causas del viejo sistema. Como no se llegó en tiempo y forma el Ejecutivo dio una prórroga por seis meses, que se cumplirán el próximo 9 de agosto.

El proyecto que ayer recibió media sanción tiene dos grandes ejes: el traspaso de todas las causas, unificando en la figura del fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, la persecución criminal en la provincia; y el otro eje es el traspaso de todos los recursos humanos que estaban atendiendo tareas en el viejo sistema. Para dar el segundo paso, el gremio de los trabajadores judiciales había pedido que las personas involucradas puedan optar a qué lugar iban a ir a trabajar, para lo que los legisladores establecieron cupos para cubrir vacantes en diferentes lugares.