El año pasado hubo un fuerte aumento respecto de 2009 en la cantidad de castigos solicitados por la Inspección de Seguridad por apremios ilegales, corrupción y abusos.
Desde los distintos sectores políticos alertan sobre la situación. Entre las causas mencionan el "retroceso en la política de Estado de Seguridad", la entrega de más poder a la policía y, principalmente, la falta de formación del recurso humano. Allí hay un dato llamativo: muchos de los penitenciarios y policías sancionados son jóvenes y tienen pocos años de servicio.
Según el anuario de la Inspección General de Seguridad, la cantidad de sanciones que recomendaron aplicar a policías aumentó fuertemente.En 2009 se pidieron sanciones para 48 y en 2010 fueron 136, sin contar que hubo más de 300 denuncias y muchas aún se encuentran en instrucción.
Con los penitenciarios ocurre algo similar. En 2009 hubo 40 sancionados y el año pasado fueron 53.El 2011 empezó con más polémica aún: ya hay siete penitenciarios presos por apremios ilegales y tortura, además de tres jefes separados de su cargo preventivamente.
También este año, aunque recién se inicia, varios policías quedaron judicializados por casos graves: hay dos acusados por violación, todo un cuerpo especial investigado por corrupción y otros agentes denunciados por abuso de autoridad.
El martes se reunirán la InspecciónGeneral de Seguridad y la Comisión Bicameral de Seguridad, dos de los organismos creados por la reforma de hace 12 años, con la intención de analizar la situación.
Cambio sobre el cambio
Los más críticos aseguran que las irregularidades detectadas tienen que ver con la falta de control y, sobre todo, con haber dado más poder a la policía.Es que desde hace un tiempo los uniformados pasaron a ser mayoría en los cargos del Ministerio de Seguridad y también se dio más autonomía a los comisarios y jefes distritales, incluso para manejar recursos económicos.
Así, por ejemplo, todo el cuerpo de la Unidad Motorizada está sospechada por el reparto de "cupos de recargo" y la coima que aparentemente eran obligados a pagar los propios subordinados.
Las denuncias por mal uso de esos recursos por parte de jefes policiales se acumulan en la IGS desde el año pasado. "La política ha abandonado la seguridad y los policías tienen de nuevo el poder. Se ha retrocedido. Ocurren cosas que se hacen porque tienen sensación de que hay impunidad, de que nada les va a pasar", aseguróel diputado radical Néstor Parés.
El crecimiento de ese poder se da por ocupar cargos políticos en el gabinete delministerio, pero también porque se han multiplicado la cantidad de jefaturas porque, por ejemplo, algunos departamentos fueron divididos en zonas."En algunos casos hay ?caciques' que no tienen ?indios' para trabajar", graficó un referente policial.
La política de Estado de seguridad que firmaron los tres partidos mayoritarios de Mendoza a fines de 1998 fue desmembrándose y de la idea original queda poco.Así opinan varios de los protagonistas de aquella iniciativa y especulan con que allí puede estar una de las razones de los "desbordes".
"Han aparecido muchos casos de irregularidades y de presuntos delitos en la policía que preocupan. Hay que ajustar algunos controles y por eso hemos citado a la Inspección, para tener más información y, si es necesario, vamos a convocar al ministro", dijo Sergio Bruni, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad y uno de los gestores de la política de Estado.
Pese a los reiterados intentos, ayer fue imposible ubicar al ministro de Seguridad, Carlos Aranda.
Bruni aseguró que la política de seguridad se abandonó, pero que algunos de los pilares de esa reforma se mantienen."Algunas cosas de la política de Estado las han ido dejando de lado los distintos gobiernos y es una línea que se ha ido profundizando. Posiblemente allí esté una de las razones de los problemas que aparecen ahora", explicó el senador.

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