No ha sido un buen año para los comisionados rurales en cuanto a las rendiciones de cuentas. En el último período de la gestión de Osvaldo Jaldo como ministro del Interior, los delegados se llevaron más del 93% de las sanciones dictadas por el Tribunal de Cuentas (TC) en 2015.

Multas, apercibimientos y advertencias fueron una constante en las resoluciones del ente de contralor sobre las comunas rurales.

Este año, el TC emitió 47 sanciones. Y 44 tuvieron como destinatarios a comisionados rurales, según se desprende de los datos publicados por el TC en su sitio web: www.tribunaldecuentas.gov.ar.

El liderazgo del ranking es compartido por dos oficialistas: Enrique Raúl Aragón, quien fue reelecto como comisionado rural de Santa Cruz y La Tuna; y Mario Oscar Tizeira, ex delegado de Los Ralos.

Ambos fueron notificados en cinco ocasiones por diferentes faltas administrativas, y todas derivaron en apercibimientos. Por lo general, estuvieron originadas por demoras en la entrega de expedientes por obras concretadas con recursos del Fondo Fiduciario.

El Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Chaibén Terraf (titular), Marcelo Vidal ySergio Díaz Ricci (vocales), realiza auditorías todos los meses sobre los recursos que les corresponden a las comunas rurales. Entre los principales programas de financiamiento está el Fondo Fiduciario que, a diferencia del Plan Más Cerca, sí es revisado por el ente de control.

Desde 2002, rige en Tucumán la ley N° 7.242, que dispuso la creación del Registro de Sanciones e Inhabilitaciones de la Administración Pública. Por eso, en la Casa de Gobierno saben quiénes son los representantes comunales que reciben cuestionamientos de parte del organismo de contralor.

Alberto Olea, secretario de Asuntos Comunitarios, confirmó que están al tanto de la situación. “Hay un equipo que está trabajando específicamente en ese tema para ponerse al día”, le comentó a LA GACETA el ex dirigente peronista, que fue 12 años intendente de Monteros. Aclaró que el ministro del Interior, Miguel Acevedo, dictó además una serie de recomendaciones a los nuevos comisionados rurales para que puedan desarrollar con eficiencia las tareas administrativas. “Creo que en poco tiempo podemos cumplir (con todas las presentaciones pendientes ante el TC)”, remarcó Olea.

El funcionario que se abocó a esa tarea es Francisco Martínez, secretario de Fiscalización del ministerio del Interior. “Estamos regularizando la situación de las comunas. Sobre todo en lo que se refiere a la documentación atrasada”, reconoció el contador.

Un pago de $ 8.000

No sólo hubo apercibimientos en los acuerdos del Tribunal de Cuentas hacia los comisionados rurales. También hubo multas, todas producto de demoras en rendiciones.

El ex delegado de la comuna de Quilmes y Los Sueldos, Ángel Remigio Brito, tuvo que afrontar el pago de $ 8.000. Los ingenieros fiscales del TC, para auditar una obra “90 mejoramientos de viviendas recuperables”, necesitaba los informes respaldatorios. Sin embargo, Brito no respondió a tiempo esos requerimientos.

Las tareas fueron ejecutadas por diversas cooperativas, según el acuerdo N° 1.084 del ente de control. Pero faltaban las documentaciones sobre el convenio de obra, los contratos con las diferentes cooperativas intervinientes, el listado y croquis de ubicación de los beneficiarios de los mejoramientos habitacionales, el cómputo de materiales y presupuesto, la memoria descriptiva de los planos, las facturas de la compra de materiales, y las actas de inicio, de recepción provisoria y de entrega definitiva, entre otros papeles.

Quien también afrontó el pago de $ 8.000 fue el ex comisionado de Esquina y Mancopa,Fernando Alberto Medina. En su caso fueron dos multas, de $ 4.000 cada una, por la mora en la justificación de recursos del Fondo Fiduciario 2009 y 2011.

Qué dice la normativa

Una norma clave.- En 2002, la Legislatura sancionó la ley N° 7.242. El primer artículo de esa norma dispone la creación del Registro de Sanciones e Inhabilitaciones de la Administración Pública. Además, se designa como autoridad de aplicación de la ley al Tribunal de Cuentas.

Qué hay en el registro.- Según la web del TC, en el Registro de Sanciones deben asentarse, en forma obligatoria, la totalidad de las sanciones emergentes de la Ley de Administración Financiera; las inhabilitaciones dispuestas en sede legislativa y judicial, impuestas a empleados, funcionarios y demás estamentos de la administración pública centralizada, descentralizada, organismos autárquicos y comunas rurales. 

Comunicados.- Los municipios no son auditados por el TC, sino por los respectivos Concejos. Por eso, la norma dispone que los municipios deberán comunicar al Registro el inicio y las resoluciones de los sumarios administrativos en contra de agentes públicos, originados en daño patrimonial para el erario municipal y/o provincial. Esto es debido a que la ley Nº 7242 dispone la obligatoriedad de publicar, por medios informáticos de acceso público, la totalidad de los nombres y documentos de los sancionados. “Establécese como causal de exoneración de la administración pública, de juicio político y/o de cualquier otra forma de separación de la función pública para aquel agente, funcionario público, en el sentido más amplio, que no cumpliera con las disposiciones de la presente ley”, agrega.