Cuando los cuestionamientos del vecinalista Roberto Varela todavía retumbaban tras la votación por el aumento del boleto de colectivo, los concejales prosiguieron ayer con el tratamiento del orden del día, que incluyó dos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo municipal durante la jornada del miércoles. Y pese a que la intención original era que ambos fueran tratados sobre tablas, la adhesión a la ley provincial Nº 5.100 que establece un plan de emergencia del empleo, junto a la reglamentación del programa mano de obra intensiva fue derivado al estudio en comisión.

Sí recibió tratamiento la adhesión al fondo federal solidario creado a partir de la coparticipación de las retenciones a la exportación de soja, que de acuerdo a las argumentaciones previas del Ejecutivo generará un ingreso al municipio del orden de los 3 millones de pesos anuales. El proyecto recibió el acompañamiento de la mayoría en vistas que dicha adhesión ya había sido aprobada por la legislatura provincial.

Las oposiciones vinieron con los dos votos de la bancada radical, fundamentadas por el concejal Jorge Camarda, quien interpreta que la norma abre la posibilidad a otras provincias de reclamar regalías petroleras, basando así su negativa "en defensa de nuestros recursos".

El tercer voto negativo lo dio la provechista Ercira Paredes, aunque por motivos muy disímiles, ya que fundó su voto en el hecho de que el proyecto no haya sido estudiado en comisión, dado que algunos ediles comprenden los alcances del tema y otros no, por lo que consideró que debió ser estudiado previamente.

En otro orden, el cuerpo de representantes ratificó de manera unánime el convenio suscripto entre la municipalidad de Comodoro Rivadavia y la empresa Capsa, mediante el que esta última compensa con la sesión de tierras una deuda de $4.451.328 que mantiene con el municipio en concepto de V.DE.PIM , tasa impuesta a las explotadoras petroleras que hacen uso extractivo de las tierras del ejido municipal.