La ley establece que «toda persona en uso de su libre discernimiento tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad, a través de los denominados actos de Declaración de Voluntad Anticipada o Autoprotección, en forma de instrucciones, directivas, decisiones o previsiones, para ser ejecutada en aquellas circunstancias en que la misma esté imposibilitada por cualquier causa, sea de manera transitoria o permanente, de hacerlo por sí».

Se entiende por «voluntad anticipada», toda expresión libre realizada en forma escrita, datada, fehaciente y por escritura pública, en relación a disposiciones que versen sobre la administración de su patrimonio, su cuidado personal y/o sobre cualquier otra cuestión de naturaleza extrapatrimonial, la que deberá respetarse en caso de encontrarse en el supuesto del artículo anterior».

Con ese fin, se crea el Registro de Voluntades Anticipadas, cuyo funcionamiento y organización recaerá en la órbita del Colegio de Escribanos de la Provincia, quien garantizará la custodia, conservación y accesibilidad de las Declaraciones de Voluntades Anticipadas emitidas en el territorio de la Provincia. Deberá asegurar en todos los casos la confidencialidad y el respeto de la legislación de protección de datos personales.

JUECES DE PAZ

También se sancionó ayer una iniciativa del diputado justicialista Miguel Montoya, para una modificación al artículo 40 de la Ley V Nº 3 a fin de asegurar la continuidad de la carrera de los Jueces de Paz mientras dure el buen desempeño, encomendando al Consejo de la Magistratura un proceso de evaluación de desempeño, y de resultar satisfactorio, se designe al evaluado por un nuevo período de seis años.

La ley estipulaba que «los jueces de Paz duran seis años en sus funciones. Su remoción sólo procede por las causales establecidas por la legislación vigente». En la argumentación esgrimida, Montoya explicitó que «en la naturaleza propia del cargo electivo está la periodicidad, con opción a la reelección o sin ella», pero «es muy distinto en el caso de los jueces de Paz designados por concurso, que permanecen en un status indefinido, no tienen la inamovilidad de los jueces ni la estabilidad del empleado público».

Así, explicó Montoya que aún cuando el ciudadano que ocupa el cargo de juez de Paz se haya desempeñado con absoluta corrección y competencia, aún cuando esté concursando nuevamente para desempeñarse por un nuevo período, cesa en su relación laboral por períodos que pueden prolongarse por varios meses. Esto constituye un problema que desalienta a los postulantes a elegir una carrera sujeta a inestabilidad y discontinuidad».