San Luis recibió la peor calificación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en la adaptación de la legislación provincial a la Ley Nacional 25.188 “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, sancionada hace 15 años.
El organismo publicó un informe sobre la accesibilidad de los ciudadanos a las declaraciones juradas de los funcionarios y estableció que en solo cinco provincias se cumple con la normativa nacional.
El ranking se elaboró diferenciando tres aspectos: las que cumplen con la Ley, las que cumplen en parte con la normativa y las que cuentan con leyes provinciales que impiden el acceso a la información. De acuerdo a la especificación, solo 5 de los 23 distritos cumplen en plenitud con ese apartado.
En el caso de San Luis, ACIJ detalló que “las declaraciones juradas se presentan en sobre cerrado y lacrado y solo será abierto por orden judicial”.
El informe fue presentado en un mapa interactivo que explica cómo es la normativa imperante en cada provincia.
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