Si bien su producción fue extensísima, el concepto que encabeza este artículo quedó grabado a fuego en mi memoria, pues conlleva una rigurosa verdad.

Si en un país la Justicia es débil, si no se respetan sus fallos y sus máximos exponentes (los jueces) son ineficientes, holgazanes o corruptos, la salud de esa república está en grave riesgo. Si aplicamos eso a nuestro país, debemos admitir que hay serias fallas en los ámbitos judiciales, pues aunque la mayoría de nuestros jueces son probos, honestos y respetables, hay una minoría que da razón a los dichos de Cicerón.

Sin embargo hoy, en el tercer milenio no podemos sólo atribuir a los malos jueces la debilidad que exhibe el Poder Judicial, tanto en los niveles provinciales como en la Nación. Hay otros estamentos, por debajo de los jueces, que muchas veces defeccionan y dificultan notoriamente el accionar eficaz y correcto de los magistrados.

Carlomagno, nacido en el 771 d.C, creador de una poderosa monarquía que trató de imponer el cristianismo luchando contra bárbaros, moros y piratas que asolaban Europa en todos sus límites, también dictó un extenso conjunto de disposiciones legales (las después denominadas Leyes Capitulares), las cuales, entre otras muchísimas cosas interesantes, señalaban que “los jueces debían fundar sus fallos en la opinión de los médicos”.

Naturalmente, en esas épocas la única disciplina (muy rudimentaria por cierto) que podían consultar los jueces era la precaria e intuitiva Medicina del medioevo, influida por la astrología, la magia y las creencias religiosas. En la actualidad, las disciplinas que consultan los jueces son innumerables además de la moderna Medicina. Los técnicos y profesionales que desempeñan esas tareas, los peritos, están agrupados en cuerpos o asesorías periciales, a las que llegan las consultas de los jueces para poder expedirse después, en general, “sustentando sus fallos en la opinión de esos peritos”. A veces, con motivos fundados, se apartan de esos dictámenes y adoptan otros, que consideran más sólidos o convincentes.

Desde luego, hoy es enorme la responsabilidad de los peritos, y muchas veces una falla en la opinión de esos expertos produce una cascada de errores e inconvenientes que terminan debilitando la acción de la Justicia. Esta situación reconoce múltiples causas. La carencia de adecuada infraestructura, pocos técnicos y profesionales, presupuestos escuálidos y remuneraciones modestas que impiden dedicación exclusiva y la capacitación permanente son algunos de los obstáculos que enfrentan los cuerpos periciales, no sólo en nuestra Provincia, sino en el país todo. A esto se le suma un fenómeno reciente que tiene preocupantes ribetes, como es la inutilización de las pruebas a peritar, o directamente la desaparición de las mismas, tal lo acontecido con el caso Mara Matheu (en el que me tocó intervenir).

Esa joven fue violada y asesinada en Santa Teresita y efectivamente hubo pruebas recogidas en la autopsia (uñas) que desaparecieron misteriosamente, perdiéndose elementos de valor indubitable para la investigación en marcha.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense realizó una demanda penal y actualmente se está investigando esa desaparición, pero, además, dispuso intervenir la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Hoy es impensable la correcta administración de justicia si los jueces no cuentan con eficaces asesorías periciales y calificados peritos.

Por supuesto, es necesario jerarquizar esos cuerpos para después poder exigirles la máxima colaboración en la resolución de los casos, fundamentalmente en el Fuero Penal. Si hoy viviera Cicerón, diría seguramente: “La salud de la república se mide en los fallos de sus jueces (y un poquito también por la eficiencia de sus cuerpos periciales)”. Si él no lo dijera, respetuosamente, yo me permitiría agregarlo.