Emanuel Durán se enteró de que tiene el mismo número de DNI que otro salteño en 2013, cuando fue a anotar a su bebé en el Registro Civil y lo inscribieron como hijo de otro hombre. Tiempo después, le dijeron que debía gestionar un nuevo documento porque había un error de un dígito en el que había usado toda su vida. Sin embargo, le comunicaron que está inhabilitado para hacer el trámite hasta nuevo aviso y ahora no tiene cómo acreditar su verdadera identidad.

“Para el Estado, no existí hasta hoy. Fui a la escuela, hice capacitaciones, trabajé y fui padre con un número de DNI que no me corresponde. Es como que mi historia empezara hoy”, dijo a El Tribuno Emanuel Durán, que tiene 28 años.

El joven nació el 19 de febrero de 1986 y lo anotaron con el DNI 32.228.604. Pero ahora se enteró de que en realidad le tocaba el número 32.288.604, que difiere en una cifra, y que lo registraron mal cuando era bebé.

“En enero de 2013 fui a inscribir a mi hijo en la oficina del Registro Civil que está en el Hospital Público Materno Infantil y me dijeron que había otra persona con mi mismo documento”, relató.

El bebé de Emanuel Durán quedó anotado como hijo del real titular del número DNI que él utilizaba hasta ahora. Como no puede acreditar que él es el verdadero padre, no le permiten buscar al niño de la guardería. Tampoco puede llevarlo de viaje ni hacer otros trámites.

Desde el año pasado, fue muchas veces al Registro Civil a tratar de solucionar el problema. En el organismo oficial le dijeron que debe iniciar el trámite para que le entreguen una identificación con las cifras corregidas.

Sin embargo, también le notificaron que figura como “ciudadano no apto” para gestionar un nuevo DNI hasta que lo autorice el Registro Nacional de las Personas. Según dijo, no le informaron cuándo podría presentar la solicitud.

“No puedo pedir un crédito, acceder a una vivienda, sacar un carnet de conducir, ni viajar. Es inválido mi título del colegio y los certificados de las capacitaciones que hice en toda mi vida. En el Registro Civil me dijeron que no se harán cargo del gasto por los trámites que voy a tener que hacer ante escribano para rectificar mis papeles”, sostuvo Emanuel Durán.

El joven trabaja en la Municipalidad de Salta y está en tercer año de la carrera de Agronomía de la UNSa. “En la Justicia Provincial me dijeron que el tema no les compete. En el juzgado federal me respondieron que no me podían ayudar. No tengo dinero para un abogado y no sé a dónde recurrir”, señaló.

Emanuel Durán se refirió también al daño moral. “Tengo 28 años y se está manipulando mi identidad. Esto es algo que no provoqué y no me dan una solución”, lamentó.

La directora del Registro Civil de Salta, Mónica Antacle, aseguró que el cambio de DNI depende del Registro Nacional de las Personas. “Mientras ellos no emitan una resolución, no podemos hacer nada porque no es nuestra competencia”, señaló la funcionaria a este medio.

Identidad, vivienda y salud, los derechos en juego

Representantes de la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) le pidieron al ministro de Salud de Salta, Oscar Villa Nougues, políticas públicas para prevenir embarazos adolescentes y garantizar el aborto no punible a víctimas de violación.

Mumalá había solicitado una audiencia con Villa Nougues el 28 de mayo, por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y el encuentro se concretó el viernes.

Mumalá le expresó al ministro su preocupación por la cantidad de madres menores de 19 años, ya que el 23 por ciento de los partos son de jóvenes que no superan esa edad en el Hospital Público Materno Infantil.

La organización consideró que los métodos de prevención de embarazos no deseados tienen que ser accesibles. “Es fundamental poner el sistema de salud al alcance de los y las adolescentes. En otras provincias hay páginas web donde se puede consultar a un médico on line”, sostuvo la titular de Mumalá, María Laura Postiglione, tras la reunión con el funcionario.

“Transmitimos al ministro nuestra preocupación y le pedimos que se refuercen los mecanismos de asistencia en toda la provincia”, dijo la representante de Mumalá.

La organización también le planteó a Villa Nougues su oposición al decreto que exige a las mujeres embarazadas como producto de una violación hacer una denuncia penal o declaración jurada ante el Ministerio Público si quieren acceder al aborto.

“Le requerimos al ministro que se derogue esa norma ya que es inadmisible que a mujeres o niñas se les niegue u obstaculice el acceso al aborto no punible y que se judicialicen estos casos”, indicó Postiglione.

Las referentes de Mumalá también pidieron que el Ministerio de Salud trabaje para difundir el derecho de las mujeres a recibir contención e información durante el parto en todos los hospitales.