Tres peritos contratados por la Justicia le dieron la razón a la denuncia presentada en 2008: hay más de 80 edificios de departamentos y oficinas construidos en la ciudad de Salta, entre 2003 y 2012 que no cumplen con normas fundamentales de edificación. La causa, que se inició ante la Procuración de la Provincia hace cinco años, ahora es tramitada en el Juzgado de Instrucción Formal de 5ª Nominación, que fue el que ordenó el peritaje para que se investiguen las falencias denunciadas.

Los tres peritos -un arquitecto y dos ingenieros- que estudiaron edificios que datan desde el año 2003, observaron un alto nivel de incumplimiento, por parte de los propietarios y profesionales intervinientes, de las normativas necesarias para edificar en esta ciudad. Las principales fallas encontradas apuntan a la falta del Estudios de Impacto Ambiental, el exceso de altura y peor aún, la ausencia de verificación de normas sísmicas. Sorprende revisar el peritaje y encontrar que los profesionales intervinientes constataron, en el punto pericial donde el juez ordena determinar “si la Municipalidad o algún ente público ha realizado actuación, inspección, control o verificación del cumplimiento de las normas sismorresistentes”, respuestas del siguiente tipo: “No se encuentra en el expediente constancia de actuación alguna en relación al control o verificación del cumplimiento de las normas sismorresitentes”. Un claro ejemplo es el edificio ubicado en la calle Alvarado al 600. A un similar resultado llegaron los peritos para el caso de un edificio en la calle Pueyrredón al 1000, donde constataron que “no se encuentra en el expediente ningún documento que indique que se hayan presentado estudios de prefactibilidad de servicios de agua y cloacas”, tampoco el Estudio de Impacto Ambiental, y “las obras no se realizaron conforme a los planos autorizados”. Un error en el que caen decenas de edificios ubicados en el macrocentro, según consta en el trabajo de los peritos. La proliferación de edificios en el micro y macrocentro durante el período 2003-2012 se realizó sin previa planificación de la ciudad, según la denuncia de la Red Sol que originó la investigación judicial. El rol del municipio se mantuvo ausente, y eso es más que constatable, dado que no reaccionó ante el impacto que la construcción de viviendas multifamiliares, en propiedad horizontal, provocará en lo que respecta al volcamiento de efluentes a la red cloacal y al consumo de agua. En propiedades con instalaciones de servicios para una familia, hoy se construyen 20 departamentos que en el breve plazo podrían saturar las cloacas porque son redes que no fueron ampliadas. “La Municipalidad dice que quiere una ciudad ordenada pero hace todo lo contrario. Tal es el caos que generó por no controlar la construcción de edificios que las consecuencias se van a ver, y mucho”, manifestó a El Tribuno, la presidente de la Fundación Red Sol, María Elena Jiménez. La organización informó que las pericias ya fueron remitidas al Procurador de la Provincia con el fin de que intervenga para delimitar las responsabilidades penales de los profesionales. Las miradas apuntan a los ingenieros y arquitectos que tomaron parte en las distintas obras.

Por ello, distintos vecinos afectados por las construcciones que llaman “ilegales”, quieren crear un registro de acceso público donde figuren todos los edificios que violaron las normas. La idea de crear un registro público donde figure el nombre y apellido de los profesionales como de los propietarios de los edificios busca dar a conocer a quienes participaron en las construcciones sometidas a peritaje. También advertir sobre los problemas que contienen las propiedades que adquieren los compradores. Aún hay propietarios que encuentran trabas para escriturar sus propiedades porque los edificios no fueron construidos bajo el cumplimiento de las normativas y en algunos casos, la Municipalidad no acepta el certificado final de obra. Pero varios se enteran tarde, luego de haber pagado las unidades. En diálogo con El Tribuno, el presidente del Colegio de Profesionales Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa), Eduardo Laconi, sostuvo que “los edificios que pasan por Copaipa tienen cumplidos los requisitos, sino, no los aprobaríamos bajo ningún concepto”. Pese al control que debe ejercer ese organismo en lo que respecta a la revisión de normas sísmicas, de seguridad y de electricidad, las fallas quedaron demostradas.

Responsabilidades

Para la presidente de la Sociedad de Arquitectos, la mayoría de los ataques que se profieren por estos casos son a los arquitectos, pero “hay una gran cantidad de personas que intervienen en un proyecto de obra”, manifestó la presidenta de esa organización, la arquitecta Lorena Gómez Paz. Consideró que la demora en las aprobaciones y burocracia lleva a que muchos no cumplan los requisitos. “Los plazos son muy largos y los clientes muchas veces no quieren esperar. La falla está en el control de la obra por parte de la Municipalidad”, comentó. La molestia que los arquitectos expresaron, se refiere a la injusticia de que algunos puedan construir más pisos de lo permitido, y otros no. “Hay que comprar las obras que están en regla. Por ejemplo, nosotros propusimos que figure en la cédula parcelaria si una obra cumple la normativa, en caso que no, quienes allí moran, paguen impuestos más altos”, señaló Gómez Paz.

“Más profesionalismo” se pidió desde la comuna

En diálogo con El Tribuno, la secretaria de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Salta, Fany Velarde explicó que recibió la orden de la Justicia para que, sobre los 97 edificios en los que se realizó un peritaje, no se apruebe ningún pedido que hagan los propietarios en el municipio. “Nosotros no estamos al tanto de la denuncia de Red Sol porque no fuimos comunicados al respecto. Solo el juez nos pidió que sobre los 97 edificios no aprobemos nada por el momento, y lo estamos cumpliendo”. Velarde explicó que “no se aprueba nada que vaya contra la ley. Lo puedo asegurar. Incluso me encargué de pedirle a los colegios de profesionales que sancionen a los miembros que participaron en obras que fueron contra las normativas desde que llegué a la Secretaría. Y de eso hay pruebas”. Explicó que del total de planos que ingresan, la mitad son devueltos porque no cumplen los requisitos. “Es una lucha diaria. Los profesionales tienen que ser más responsables, y es algo con lo que insisto, porque no nos vamos a cansar de sancionarlos. Pido más profesionalismo”. En la edición del día 2 de febrero de 2013, El Tribuno publicó que en los barrios, el 70% de las construcciones no se declaran en el Municipalidad por lo que son obras ilegales.