El pedido se realizó ante el juez Hugo Esteban Fernández, quien ahora deberá resolver si dispone o no el desalojo del terreno, en el cual se encuentran cientos de familias que de manera clandestina se instalaron en dicho predio.

En su requerimiento al magistrado, la fiscalía hizo notar el hecho de que el terreno pertenece a la provincia y que el asesor legal de la subsecretaría de Tierra y Hábitad, Gustavo Dip, radicó la denuncia inmediatamente constatada la usurpación.

Asimismo, reveló que al menos tres personas más hicieron idénticas denuncias, las que sostuvieron ser beneficiarias de lotes en dicho terreno. Con estas acusaciones, el fiscal reclamó el hecho de que el terreno fue tomado ilegalmente.

Agregó que estaría claramente comprobada la comisión del delito de usurpación, pues las personas irrumpieron en la propiedad de manera clandestina, por lo que solicitó oficialmente el desalojo de las mismas, medida que también fue exigida por los denunciantes.