Robos sin violencia, peleas en la calle, lesiones a terceros o "fugas de hogar" son las situaciones por las que más llegan los chicos y chicas a los institutos para adolescentes que desconocen la ley. Estos centros deberían ser una alternativa para que, en poco tiempo, hagan un cambio y puedan mejorar sus vidas. Sin embargo, muchos terminan pasando hasta tres años en establecimientos donde existe un típico ambiente carcelario, faltan las condiciones básicas de salubridad y no tienen la educación necesaria, según describe una pericia judicial. El resultado: más de la mitad va a tener nuevos conflictos penales cuando salga.

La Corte de Justicia de Salta ordenó el 29 de junio que el Gobierno de la Provincia haga una remodelación integral de tres instituciones que alojan a adolescentes en el plazo máximo de un año. 

El fallo se basó en los incumplimientos que detectó una pericia de asistentes sociales en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal número uno y el Hogar Tránsito, de Salta capital, y el Instituto Michel Torino, de Cerrillos.

Falta de capacitación entre los encargados de atender y reinsertar a los chicos, baños en mal estado y con olores nauseabundos, deterioro general de los edificios, frío, animales entre los alimentos y comida que llega tarde desde la cárcel de Villa las Rosas son algunas de las situaciones que describieron los especialistas y que determinaron la sentencia de la Corte.

El informe de los asistentes sociales detalla que algunos chicos pasan días en el Centro de Atención a Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal número uno, ubicado en Castañares, pero que muchos llegan a vivir hasta dos años en ese lugar.

En el Hogar Tránsito, del macrocentro, el tiempo de permanencia es de hasta tres años. Sobre el instituto de Cerrillos, solo se señala que la duración de la estadía es determinada por los jueces a cargo de cada caso.

La mayoría de los trabajadores de estos centros admitió, en una encuesta que se realizó como parte de la investigación de los trabajadores sociales, que los adolescentes vuelven a sus casas sin haber hecho un "cambio trascendental".

Pablo Nievas, director de Justicia Penal Juvenil de Salta, aseguró que los empleados tienen capacitaciones que se hacen con apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico.

Los asistentes sociales consideraron, sin embargo, que falta formación específica y que no hay materiales suficientes para encarar actividades socioeducativas de una manera sostenida.

"Desocialización"

"Antes los centros dependían del Ministerio de Seguridad, pero pasaron a la órbita de Derechos Humanos. Eso implicó un cambio de visión de los operadores, que ahora trabajan exclusivamente con los chicos y no rotan por otras unidades. La cuestión de la seguridad no es un tema menor, pero ya no es lo más importante", dijo a El Tribuno Pablo Nievas, consultado sobre la preparación de los responsables de lograr que los chicos mejoren su desarrollo y su vínculo con el resto de la sociedad después de una acusación penal.

Además, el director resaltó que se trabaja en articulación con las áreas de adicciones y salud mental de la Provincia y opinó que hubo transformaciones importantes en los últimos años. 

Los jueces de la Corte de Justicia consideraron que los institutos no están cumpliendo con el objetivo de dar un tratamiento interdisciplinario para alcanzar la reinserción y llamaron la atención sobre los resultados negativos que esto puede tener en la vida de los adolescentes.

El ingreso y la salida de estos lugares dependen de la decisión de los juzgados que tienen a cargo cada caso. Pero la evolución que logran los chicos se asocia con el plan de contención que se aplique en el tiempo que pasen ahí.

"Se deben implementar acciones que permitan neutralizar los efectos de desocialización que puede tener la permanencia de un adolescente en una institución cerrada durante un tiempo prolongado, procurando un tratamiento acorde con el fomento de su sentido de dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertadas fundamentales de terceros", sostiene el fallo de la Corte. La sentencia del 29 de junio dispone que el Poder Ejecutivo presente un plan para readecuar los centros en 60 días y que lo implemente en un año. Esta decisión se tomó luego de que la fiscal penal de menores Carolina Hernández presentara un hábeas corpus correctivo para que mejoraran las condiciones de alojamiento.