Salgado reconoció el cambio de perspectiva respecto de las causas iniciadas por la Confederación, a partir de los cambios que se produjeron en los últimos dos años en el TSJ. Remarcó que cuando se inició la demanda contra la provincia en 2004 no tenía "ninguna expectativa depositada en la justicia provincial" y que el objetivo era "cumplir con la formalidad para ir luego a la Corte Suprema" porque "hasta hace muy poco, el TSJ estaba en manos de gente a la que no le preocupaba la legalidad, sino con la función que le había dado el gobierno". Sin embargo, a partir de la medida cautelar dictada por la nueva conformación del máximo tribunal, que frenó un emprendimiento minero por no haberse cumplido el requisito de consulta previa a una comunidad, el caso de Villa Pehuenia presenta otra perspectiva.

Salgado, que el viernes expondrá en la audiencia pública convocada a partir de las 9.30 en el Colegio de Abogados de Neuquén, resumió la postura de la Confederación y de la comunidad Catalán como partes en la demanda contra la provincia. "Consideramos que la creación del municipio se realizó sin un proceso de consulta previa e informada y que, tal como salió la ley, totalmente vertical por parte de la Legislatura, es inconstitucional porque viola el convenio 169 de la OIT", explicó el abogado en referencia a la legislación internacional que recientemente el TSJ utilizó como argumento para frenar el proyecto minero de Campana Mahuida.

En la audiencia expondrán, además de la comunidad y la Confederación, el gobierno provincial, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Asamblea por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Cámara de Comercio y la municipalidad de Villa Pehuenia, el obispado de Neuquén y la Fundación Paz y Justicia, representada por Adolfo Pérez Esquivel.