En la jornada de ayer se efectuó la audiencia de control de detención y apertura de investigación al detenido Adrián Espín. La misma fue presidida por el juez penal José Rago, el Ministerio Público Fiscal representado por la funcionaria Stella Maris Prada y la defensa de Espín ejercida por el abogado particular Santiago Huaiquil.

Al inicio de la misma, la funcionaria de Fiscalía detalló los eventos que condujeron a la detención de Espín y calificó el hecho como encubrimiento por la serie de sellos que tenía en su poder. De todas formas, como estaba acreditada la defraudación por 4.000 pesos en perjuicio de una persona que se desempeñaba como vendedor ambulante, el juez optó por procesarlo por defraudación y falsificación.

Al respecto, el juez Rago le dijo a Crónica que “esto se supo cuando el vendedor fue a renovar la habilitación y allí la empleada se dio cuenta que la documentación que esta persona presentó no tenía la firma del director actual y lo que se asentó no se corresponde con la información que se vuelca en una habilitación. Este es el hecho más elocuente que acredita la falsificación y la defraudación debido a que el damnificado habría explicado que por esta documentación apócrifa le cobraron 4.000 pesos. Por esta razón fue procesado por defraudación en concurso con falsificación de documento” explicó.

Cabe mencionar que si bien la Fiscalía había pedido dos meses de prisión preventiva, el juez decidió aplicarle un mes en virtud del peligro de entorpecimiento en la investigación y tomando en cuenta las amenazas que habría hecho a un funcionario municipal al momento en que se hacía un control en La Saladita.

Por su parte y al momento en que el juez le dio la posibilidad de expresarse, el imputado deslizó que podría haber habido una autorización municipal, de parte del director de Habilitaciones, para una persona a la que le habían cerrado un local donde se ejercía la prostitución y que la habilitación se la habría hecho Raúl Montenegro, el responsable de esa área.

También dijo que mucha de la documentación que tiene la obtuvo debido a su trabajo como coordinador de los vendedores de La Saladita. Aseguró que estaba tratando de obtener una personería para unificar el funcionamiento de los vendedores ambulantes de ese sector con cualquier autoridad.

Por su parte, ahora la Fiscalía deberá determinar si esta documentación pertenece a la Municipalidad o no y a partir de allí la situación de Espín se podría modificar en base a la documentación que la Fiscalía presente como pruebas.