Tras los allanamientos a la Secretaría Legal y Técnica, acusó al juez de Viedma de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La denuncia la realizó ante la Procuraduría del Poder Judicial.
Al exponer los hechos, el mandatario señaló el allanamiento efectuado en la oficina de Decretos de la Secretaría Legal y Técnica, donde requirieron la entrega de tres decretos, los cuales les fueron entregados bajo copia certificada y además ejemplares de los boletines oficiales donde fueron publicados, dejándose constancia en el acta que las normas requeridas eran de información de público conocimiento y que fueron publicadas conforme a las normas vigentes.
Al detallar el procedimiento, Saiz manifiesta que la orden de allanamiento carecía de identificación de la causa en la cual fue dictado el auto.
Exceso
Asimismo, que se violó un mandato constitucional porque se omitió dar aviso a la Secretaría Legal, Técnica y de Asuntos Legislativos, y/o Secretaría General de la Gobernación.
“Resulta evidente la inutilidad de ordenar el allanamiento en atención a la materia objeto del mismo que se halla publicada en el Boletín Oficial, bastaba con la consulta a los ejemplares respectivos para contar con la norma requerida”, afirmó Saiz en la denuncia.
Además, indicó que esto “configura claramente la posible comisión del delito previsto la Constitución al ordenar el allanamiento de un edificio público, sin dar aviso a quien está a cargo del mismo, para requerir un objeto que ya era público y solo era necesario recabarlo de los Boletines Oficiales Nº 4597, Nº 4622 y suplemento y Nº 4667. Hay un exceso en el accionar judicial y ello configura el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.

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