Las dos primeras subastas del frigorífico Sadowa fracasaron por falta de oferentes. El monto que se había fijado -de 31 millones de pesos para la primera oportunidad y de 21 millones para la segunda- había sido cuestionado por los trabajadores cooperativizados por entender “trucho” el inventario, quienes además criticaron la premura del juez Alberto Vidal por llegar al remate. En paralelo, avanzaba en la Cámara de Diputados bonaerense una ley de expropiación que permitiría conservar las fuentes laborales de casi 400 familias. Una nueva resolución del magistrado que atiende la causa puso en alerta a los obreros de la carne: se fijó una subasta para el 9 de febrero por un monto de 15 millones de pesos y una hora más tarde, la suma bajaría a 11 millones.

Julio Hikkilo, abogado de los trabajadores e integrante de la comisión directiva de la CTA local, se detuvo en un detalle no menor: la empresa que aparece como principal interesada posee un capital de apenas 12 mil pesos, según consta en el Boletín Oficial del gobierno provincial. Se trata de F.F.A Group S.A., la cual incluso realizó una oferta de compra directa en cuotas que fue desestimada. Sería una firma vinculada a una reconocida cadena de carnicerías de la ciudad. Sin dar nombres, el secretario general del Sindicato de la Carne, Pedro Lacuadra Montiel, había deslizado a principios de diciembre que el interesado en comprar la fábrica era “un empresario de la carne de Mar del Plata que tiene varias carnicerías”.

“La primera y la segunda subastas fracasaron por falta de oferentes -nosotros dijimos que se dieron de manera apresurada- y ahora el juez -de forma absolutamente vil- llama a una nueva subasta del frigorífico- para el 9 de febrero con una base de 15. 700.000 pesos y a la hora siguiente con una base de 11.775.000 pesos”, expresó Hikkilo.

En los próximos días debería salir la publicación de edicto. Sin embargo, en la sentencia que ordena la nueva subasta a la que El Atlántico tuvo acceso, de acuerdo a la propuesta formulada por el Síndico, se admitirán “ofertas bajo sobre”, las que podrán ser presentadas hasta dos días antes de la fecha de la subasta en el Juzgado.

“En principio se debe hacer en el Colegio de Martillero, pero el juez también abre la posibilidad de que sean entregadas ofertas por sobre directo en el Juzgado, para tratar de impedir que los trabajadores hagan acciones gremiales”, cuestionó el abogado.

F.F.A. Group S.A. es la principal interesada. Hikkilo planteó la paradoja: “Quiere aparentemente el sindicato y algún sector político que se quede con la empresa. Pretende adquirir una fábrica que supera los 30 millones, pero cuando uno va al Boletín Oficial, para ver de quién es esta empresa, lo curioso es que su activo, su capital es de 12 mil pesos. ¿Estamos ante una empresa fantasma? ¿De dónde sale el dinero?”, interrogó sin encontrar respuestas.

Frente a esta situación, adelantó que los trabajadores van a realizar una presentación ante la DGI y ante la Justicia para que se investigue. “Cualquier trabajador con la antigüedad que tiene en la empresa, verificando sus créditos, supera holgadamente -con dinero, con activo- al que pretende adquirir. A los trabajadores se les ha pedido, para la continuidad de la explotación a través de la cooperativa, innumerables requisitos, las propuestas eran siempre insaciables. Y ahora resulta ser que al empresario que tiene que hacerse cargo de 395 familias, ni siquiera nos tomamos la delicadeza de ver su activo”, criticó el abogado de la Central de los Trabajadores Argentinos. “Es muy difícil, cuando vemos el capital que tiene, que haga funcionar a un frigorífico”, apuntó.

POR LA EXPROPIACIÓN

Hikkilo adelantó que “la ley de expropiación sobre el tema del inmueble tiene estado parlamentario en La Plata y puede ser tratada ni bien abran las sesiones”. Que esta normativa salga, permitiría frenar el remate y reactivar el funcionamiento de la fábrica a manos de los trabajadores.

Cuando se reanuden las sesiones, en la primera semana de febrero, el tema podría instalarse en el Parlamento. Allí contarían con el visto bueno de los legisladores. Incluso, el diputado Juan Garivoto, les dio -según relataron los trabajadores- su voto de confianza.

En relación al tema muebles, se está impulsando una ordenanza municipal -que redactó Verónica Beresiarte- que sería tratada en la próxima sesión del Concejo Deliberante. “El Estado municipal puede expropiar las maquinarias, las herramientas y demás, y cederlas a los trabajadores”, recordó el abogado.

Paralelamente se está tramitando en el Ministerio de Trabajo, la percepción del fondo de desempleo y el pago único para los trabajadores.