“Los únicos perjudicados de la disputa entre Alperovich y Amaya son los ciudadanos. En un Estado de derecho, los municipios no pueden ser rehenes del humor del gobernador”. Con estos términos se refirió el diputado nacional Luis Sacca (UCR-Tucumán) a la deuda que la Provincia le reclama a la administración del intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya tras el cortocircuito generado por el uso de los fondos capitalinos.
En tanto, el legislador provincial Fernando Valdez, agregó: "los tucumanos queremos saber a qué se debe semejante deuda. Porque, de lo contrario, que me expliquen por qué la propaganda oficial que vemos todos los días por los distintos medios, muestran otro panorama".
Ambos referentes del espacio radical La Pisarello y Cantera Popular señalaron que el único responsable de la deuda que le reclama el PE a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, es consecuencia de la extorsión a la que están sometidos los municipios.
“Alperovich obliga a firmar el denominado Pacto Social y, así, somete a todas las administraciones a su antojo. Los tucumanos debemos retornar a la senda de la moralidad y el respeto por la autonomía de las comunas y municipios. Eso se logra otorgando los fondos que, por coparticipación, le corresponde a todas las localidades", puntualizaron.


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