Reforzar la presencia policial en las calles sigue siendo una de las premisas básicas de los funcionarios a cargo del Ministerio de Seguridad. Si bien desde esta área se había anunciado el año pasado que el personal policial que cumplía funciones administrativas se iba a sumar a las tareas operativas dos veces por semana, hace unos días se profundizó en esta decisión. Así, casi 140 personas que trabajan en la sede de esta cartera en calle Salta en Godoy Cruz fueron transferidas a algunas de las seis distritales, lo que generó malestar para los que podían ser considerados "empleados vip".

A estos 140 policías hay que sumarles otros 40 que tenían responsabilidades administrativas en las distritales, que también fueron obligados a realizar tareas operativas; es decir, salir a vigilar en las calles, por lo que son 180 los uniformados incorporados a la prevención y represión del delito, según confirmó ayer el subsecretario de Relaciones con la Comunidad, Alejandro Gil.

El personal policial que cumple tareas en las dependencias que están en el edificio del Ministerio de Seguridad o en la sede de las distritales, suele ser, por lo general, un grupo privilegiado que fue ubicado en estos sectores, ya sea por familiaridad con políticos de diferentes partidos o con altos mandos de la fuerza, y, en consecuencia, estos empleados no debían padecer las sufridas y arriesgadas condiciones laborales de quienes están todos los días en la calle.

Pero, ahora, estas prebendas se han derrumbado, pese al enojo de los afectados y las presiones que personas con influencias han ejercido sobre las máximos responsables de Seguridad.

El personal que por razones de salud esté imposibilitado de portar armas no realizará maniobras operativas pero cumplirá funciones en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), por ejemplo.

Desde el 2012, las autoridades de Seguridad tomaron la decisión de que si había policías en el CEO que tenían condiciones de ser policías de calle, debían pasar a ocupar estos lugares, y en su remplazo se comenzó a seleccionar a efectivos retirados para que cumpliesen con las tareas de observación de las cámaras de seguridad y atención telefónica del 911.

En Seguridad se da una particularidad en comparación con otros ministerios que conforman el Ejecutivo provincial o dependencias públicas descentralizadas: es que no hay orden de pasar a retiro, lo que sería como jubilar, a quienes ya han cumplido con las condiciones de edad y años de servicio para dejar de trabajar.

Contrario al rumbo que ha marcado el gobernador Francisco Pérez, en cuanto a obligar a jubilar a la mayor cantidad de empleados públicos, como así también congelar la planta de personal, en Seguridad tienen luz verde para retener a la mayor cantidad de efectivos posibles.

Números

Para dimensionar el impacto que tiene lo encarado la semana pasada en el ministerio de conduce Carlos Aranda, fuentes de la cartera indican que por cada promoción se suman a la fuerza entre 40 y 50 uniformados. Por eso, al incorporar a unos 180 policías a las maniobras en la vía pública, es como si se hubiesen añadido algo así como cuatro camadas de una sola vez.

Si se quiere ejemplificar de otra manera, con 180 policías se podría abrir un promedio de entre 3 y 4 comisarías.

Dos razones esenciales: revertir el insuficiente número de policías que año tras año se agrega a las filas (ver aparte) y combatir la inseguridad son las razones que le dan el plafón necesario a la medida adoptada en Seguridad, y si bien no hay una subordinación de una sobre la otra, ambas son parte de una realidad a modificar.

Por un lado, disminuir el índice de delitos y, de igual manera, dar curso a una de las mayores demandas sociales: ver más efectivos realizando labores policiales (el cuerpo total de uniformados es de casi 10.000).

Ante la pregunta de que si a partir de la medida que tomaron Aranda, su gabinete y la cúpula policial, de sacar de los escritorios a 180 policías, se iba a afectar el desenvolvimiento administrativo tanto del Ministerio de Seguridad como de las jefaturas distritales, la respuesta que no se da formalmente –pero se admite como una infidencia sabida– es que en la mayoría de los casos hay una sobredimensión de la cantidad de empleados que realizan tareas burocráticas.

Además, se explica que con una reingeniería del personal se puede seguir cumpliendo con las labores administrativas necesarias para sostener el andamiaje que requiere el Ministerio de Seguridad.

No es para nada una situación exclusiva que se presenta en la cartera de Seguridad y, muy por el contrario, se repite en casi todos los estamentos de la administración pública, como, por ejemplo, cuando se admite desde los diferentes sectores del Gobierno, que hay proporcionalmente más personal administrativo en el área sanitaria que la cantidad de enfermeros o personal médico que la demanda social requiere.