Sabsay es especialista en Derecho Ambiental, y por esa especialidad, fue llamado para representar al establecimiento La Victoria, ubicado sobre el río Uruguay, uno de los dos privados que inició una demanda judicial contra Botnia por indemnización de daños ante la Justicia uruguaya.

Sabsay es un defensor del progreso, siempre y cuando vaya de la mano de un modelo sustentable. "El gran problema, explica, es cuando sólo se observan los aspectos económicos del ambiente". Si predomina ese paradigma de pensamiento, "el desarrollo tiene patas cortas en el tiempo y el daño ambiental es irreversible", advierte.

En este contexto, afirma que experiencias como la heroica lucha del pueblo entrerriano contra la poderosa Botnia son pioneras en los derechos de incidencia colectiva. Como en la Atenas antigua, donde las problemáticas eran discutidas en asambleas multitudinarias, apunta a un modelo donde las personas comunes ingresen a los procesos de acceso a la información pública y la toma de decisiones.

-¿Cómo ve la situación del Medio Ambiente en la Argentina?

-La veo muy mal por la falta de políticas públicas. La experiencia de este gobierno es lamentable y se manifiesta en dos hechos. La falta de interés del kirchnerismo por incluir en la agenda estatal el tema ambiental quedó evidenciada en primer lugar con el veto total a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección a los Glaciares. Un hecho burdo dado que tuvo una fundamentación escandalosa y que implicó una regresión vergonzosa por su inconstitucionalidad tan flagrante. Ese veto permitió el desarrollo de una actividad empresaria lícita como es la minería, pero olvida un aspecto muy importante y es que cualquier industria lícita para que sea constitucional debe ser sustentable. Esto es, que el desarrollo armonice la variable económica con la ambiental y la social. Y, francamente, la alta minería en zona de glaciares es una de las actividades más depredadoras y contrarias a nuestro interés nacional. El segundo hecho, más reciente en el tiempo, es el desvío de una partida de 130 millones de pesos destinada a la preservación del medio ambiente en las provincias. A ese monto se lo distorsionó y se lo utilizó para el fútbol. Se privilegió el "fútbol para todos" frente a la protección del ambiente. Esto marca la página más preocupante en materia de política ambiental y protección del ambiente desde el advenimiento de la Democracia.

-Usted hizo hincapié en políticas públicas, ahora ¿cuál es el rol ciudadano en ese daño que estamos produciendo en el Medio Ambiente?

-La participación marca la importancia fundamental que tiene el compromiso de la sociedad en la protección de su ambiente. Esto proviene de la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente Humano que se llevó a cabo en Estocolmo en 1972. Luego es seguida por la Conferencia de Río en 1992, en cuyo principio décimo se establece la teoría de los tres accesos: a la información pública, a la toma de participación y a la justicia, conforme a criterios ampliados y efectivos. Recomienda, además, a todos los estados dignatarios la necesidad de que los problemas ambientales se resuelvan con la participación de las comunidades. La participación y el medio ambiente están absolutamente ligados desde el principio primero de la declaración de Estocolmo, donde se declara que ‘todos los habitantes tenemos a obligación solemne de contribuir en la protección general y mejoramiento del medio ambiente’. Pero ante un Estado ausente, todo se produce sin que exista una estrategia en materia de biodiversidad y se manifiesta a través de un pensamiento absolutamente perverso: ‘un país primero tiene que desarrollarse, para recién después pensar en cuidar a su medio ambiente’, lo cual es absurdo porque el ecosistema requiere de la prevención para no producir daños.

-Pero todos esos esfuerzos individuales ¿no corren el riesgo de resultar insuficientes si no confluyen en un compromiso colectivo?

-Un tercer nivel en ese rol ciudadano apunta a cómo la sociedad civil se organiza en distintos tipos de colectivos sociales. El ejemplo más claro es el de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú que fue, sin lugar a dudas, un hito. Esa experiencia marca un antes y un después en materia de conciencia ambiental en la Argentina. Esa lucha colectiva es definitiva en la calidad de vida que uno desea, más allá de la legislación que en nuestro país es buena y de avanzada. Con que se cumpla la mitad de las leyes que tenemos, viviríamos en otro mundo; desgraciadamente, no se las reglamenta y pierden efecto.

-Dado el fenómeno que describe, hay un divorcio entre la legislación ambiental y lo que realmente sucede con la instalación de industrias sucias en nuestro territorio.

-Como en tantos otros aspectos, en materia ambiental la Argentina vive al margen de la Ley, como bien decía Carlos Nino en su obra "Un país al margen de la Ley". Es un fenómeno que va mucho más allá de la materia ambiental y que tiene que ver, en mi opinión, con uno de los aspectos fundamentales de la personalidad argentina, su dificultad enorme de adaptarse a las reglas. Y está vinculado a la dificultad, también nuestra, de funcionar en una comunidad. El valor supraindividual no está para nada valuado. La idea del "yo me salvo" se traduce, en realidad, "jorobo a otro". El "qué querés, en este país no se puede ser de otra manera", es una forma de despreciar lo colectivo y solamente sobrevalorar el programa personal. En esa lógica, lo importante es lo que yo hago y ahí va la justificación de la corrupción, de las coimas, de la violación a los límites de velocidad al conducir, de la violación impositiva. Es un tema relacionado con la esencia del argentino, que hace impacto en el modo en que se conducen los gobernantes. Ante esta realidad, no puedo dejar de destacar aquellas localidades donde se producen avances y donde su sociedad se pone los pantalones largos. Gualeguaychú es un caso paradigmático, ya que no podemos dejar de reconocer y admirar es el compromiso de esa sociedad con su proyecto y la protección de su calidad de vida.

-Como pasó en Gualeguaychú, ¿qué otras experiencias rescata donde las sociedades –como usted dice- se calzaron los pantalones largos en defensa de su proyecto de vida?

-Esquel es otro hito: una sociedad que conforma una alianza transversal y logra abortar el proyecto de extracción de oro a cielo abierto con cianuro. Fue una liga muy interesante con los propietarios de las tierras y que tienen emprendimientos agrícolas, que llevó a un resultado extraordinario a través de la participación y que concluyó en una consulta popular, más allá de la amenaza que los ciudadanos recibían de patotas. Otra experiencia importantísima es el trabajo comunitario y las acciones tendientes a limpiar el Riachuelo, más allá de lo lento que avanza. El haber llegado a una excelente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, tanto en el compromiso como en el compromiso de la Corte que hasta lleva adelante monitoreos para que esa sentencia se cumpla. Inclusive, agilizando con marcos creativos y novedosos. Eso se dio por un enorme trabajo social y comunitario. Es producto de la enorme labor de la sociedad siendo protagonista.

-Se podría decir que en materia ambiental estamos atravesando una etapa cuasi-colonial, donde los países centrales envían las industrias sucias al Tercer Mundo. En este marco, batallas como la del pueblo de Gualeguaychú ¿son los primeros intentos para superar esa etapa?

-Todas las experiencias que mencioné son intentos aislados, pero que tienen una resonancia de significativa importancia, por los intereses poderosísimos que enfrentan; pensemos en la gran minera canadiense Meridian Gold, en Esquel; en la corporación Trillium y su voluntad de hacerse de los bosques de lengas en Tierra del Fuego. Esta última fue otra gran victoria de una pequeña ONG que se llamaba Finisterre, pero que obtuvo rápidamente el apoyo de la sociedad ushuaiense. Todos estos casos nos dan una idea acabada de que quienes sostienen que nada se puede hacer frente a esta realidad se equivocan; que ese conformismo es cómplice. Otra alianza curiosa en el Valle de huaco unió a elementos de la extrema izquierda con miembros de la sociedad rural. Fue una experiencia conmovedora que desembocó en una ley que prohíbe la minería a cielo abierto en Mendoza.

-En todas estas experiencias, siempre el sujeto de cambio y transformación es el ciudadano asumiendo sus obligaciones y participando en la toma de decisiones. Dentro de esa participación, usted pone el eje en el acceso a la información como catapulta para que la ciudadanía pueda a su vez ingresar a los procesos de toma de decisiones.

-Siempre es el ciudadano participando de manera muy agresiva en el buen sentido de la palabra; y con la enorme inteligencia de deponer diferencias. Por eso tanto puse el acento en esta alianza heteróclita que se logró hacer en una Argentina donde tan difícil es unirse y trabajar en equipo. Después, cada uno va por su lado, pero el Valle de Huaco está libre de ese peligro. Respecto de la información, la Ley General del Ambiente tiene un capítulo específico donde se consagra el derecho al acceso a la información de naturaleza ambiental, donde se exige a quienes emprenden actividades del rubro servicio o de tipo colectivo la obligación por un lado de generar un sistema de información pública y de brindarla sin ningún obstáculo para llegar a ella. La Constitución reformada de Entre Ríos hasta le dedica un capítulo a la defensa de la información pública.

-¿Hacia dónde cree que puede direccionarse el fallo de la Corte de La Haya respecto de la demanda argentina contra Uruguay y Botnia-UPM?

-Creo que es imposible que el fallo no reconozca la violación flagrante al Estatuto del Río Uruguay. Ahora, qué consecuencia va a encontrar ese tribunal a nivel de medidas drásticas, es decir, decisiones en la parte operativa que se desprendan de la violación del Estatuto es el gran signo de interrogación del veredicto. De todos modos, aún si las consecuencias son lo más tímidas y atemperadoras posibles, creo que igual representa un gran éxito.

-Cuando la Corte Internacional de La Haya permitió que Uruguay continúe con las obras de la planta, se avocó a un paradigma de la Justicia del siglo XIX argumentando que el daño de Botnia no estaba constatado. ¿Es probable que en la decisión de fondo siga ese paradigma?

-Durante la cautelar, la Corte no aplicó el principio precautorio que es fundamental en Derecho Ambiental. Pero no olvidemos que el Tribunal de La Haya tiene ciertas debilidades: uno es que solo acceden los estados como parte. Otro, que los jueces no tienen medios para volver efectivas sus decisiones. Entonces, en materia de medidas cautelares, solo la aplicaron en casos extremos y contados con los dedos de una mano, porque tienen la enorme dificultad y la mesura de preguntarse: ¿qué pasa si después no se cumple? Quedaría tremendamente desautorizada y perdería gran parte de su prestigio. Así, si bien los jueces rechazaron la cautelar, y algunos lo aprovecharon para puntualizar el aparente fracaso, hay partes y considerandos de la sentencia que son muy importantes como aquella que afirma: "Si se llegara a demostrar en el curso del juicio de que efectivamente Botnia contamina, tomaremos todas las medidas necesarias inclusive llegando al desmantelamiento y demolición total y parcial de los establecimientos". Muy pocas veces La Haya fue tan lejos.