En efecto, esto significa que, por el momento, se ha desechado la tesis que sostenían algunos legisladores justicialistas (incluso nacionales), según los cuales la integración de tan importante órgano sólo podía ser determinada por una Convención Constituyente en el marco de una nueva reforma de la Constitución.

La alternativa elegida también supone, en los hechos, que el Gobierno consiente las consecuencias de la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (confirmada en este punto por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán). Tal fallo declaró inconstitucional la disposición de la Constitución reformada en 2006 que autorizaba a que el Poder Ejecutivo organizara por decreto el CAM. Por ende, sólo resta saber si el Gobierno retirará el recurso de queja que había deducido contra tal pronunciamiento ante la Corte Suprema de la Nación.