En lo que tildaron de un “exagerado impuesto territorial para el campo”, las autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) cuestionaron ayer duramente los incrementos que sufrirán los productores ruralistas durante 2012.

En el transcurso de la audiencia pública realizada ayer en el recito de la Legislatura provincial, varias instituciones y partidos políticos hicieron pública su postura respecto al proyecto de Presupuesto provincial 2012, las modificaciones al Código Tributario Provincial y la Ley Impositiva anual para el Ejercicio 2012.

Marco Giraudo, de Coninagro, fue contundente al rechazar en nombre de la Confederación el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural que, señaló, “excede cualquier posibilidad inflacionaria”.

Al mismo tiempo, cuestionó que la proyección de recaudación que realiza el Gobierno provincial para el año próximo, no se refleje en obras para el sector. “Necesitamos redes secundarias y terciarias de caminos de tierra, con enarenados, y eso no fue tenido en cuenta como prioridad”, señaló Giraudo.

“Proponemos que el próximo gobernador José Manuel de la Sota invierta 250 millones de pesos en cuatro años para ejecutar obras en este sentido. Obras que estén al margen del mantenimiento de los caminos de tierra. Creemos que destinar 60 millones de pesos al año es un pedido accesible”, evaluó.

En tanto, Néstor Roulet, presidente de Cartez, advirtió: “Si se aprueba el Presupuesto 2012 tal como ha sido presentado, la producción agropecuaria cordobesa va a desembolsar en el año 2012, prácticamente 200 millones de pesos más que en el año 2011 en concepto de tributaciones territoriales”.

En dicho sentido, destacó que con la aplicación de los fondos específicos para el agro, en los últimos diez años, el campo cordobés terminó sufriendo un incremento en su tributación territorial del orden del 585 por ciento.

Como propuesta concreta, Cartez sugirió no sólo moderar el aumento del Fondo de Infraestructura y Gasoductos “como mínimo un 50%”, sino que parte de lo que se recauda sea aplicado en infraestructura relacionada, directa o indirectamente, al sector.

En este sentido, demandaron un sistema tributario más amplio y equitativo. “No tenemos problemas en colaborar y discutir los incrementos con el gobierno hasta llegar a un acuerdo, pero que también esos aportes se traduzcan en inversión en los caminos productivos, que en la actualidad están muy deteriorados”, afirmó Roulet.