Una nueva polémica envuelve y salpica al Gobierno de la Renovación, por el manejo arbitrario que hace de los medios de comunicación que pertenecen al Estado misionero. Los partidos políticos y los diputados de la oposición advirtieron sobre un avance de los K renovadores sobre la “libertad de expresión” que se tendría que ejercer en los medios oficiales de Canal 12 y LT 17, Radio Provincia.
Sostienen que hay un ataque a la libertad de expresión desde el aparato oficial del Estado, limitando las formas de expresión y difusión que los partidos políticos y las representaciones parlamentarias tienen, por Ley, en los spots publicitarios.
Pero este accionar de Raúl Castaño no es nuevo, en una modificación de la Ley Provincial 2197, sancionada en 2004, otorgó dos espacios semanales de diez minutos cada uno en el LT 85 Canal 12 de televisión para cada uno de las fuerzas políticas de la Provincia. Sin embargo, la ley, nada dice sobre el contenido de esos micros destinados a difundir las ideas y plataformas programáticas de los representantes políticos de la oposición, con un criterio pluralista.
En las últimas elecciones, el presidente de Multimedios Sapem, el contador ultrarovirista Oscar Raúl Castaño, había enviado una circular a todos los legisladores y jefes políticos de la oposición misionera. Allí, Castaño fijaba las nuevas reglas que el mismo impone para “concederles” esos minutos efímeros de propaganda y difusión partidaria.
Como en la época fría de la triste y larga noche de la Dictadura, el gobierno renovador decidió emitir una suerte de comunicado (¿del Estado Mayor Conjunto?) en cadena para ordenar a los diputados y partidos que, por ejemplo, en sus micros en canal 12, eviten todo comentario que degrade la condición humana, que afecte la solidaridad social y menoscabe los sentimientos de argentinidad y patriotismo.
En el punto b del comunicado renovador, el presidente de canal 12 ordenó en ese momento a la oposición “no perturbar la intimidad de las personas ni comprometer su buen nombre y honor”. También les aclaró que el contenido de la información o su forma de expresión “no produzcan conmoción publica y alarma colectiva”.
El contador rovirista sugirió en su momento y ordenó a la oposición que respete los principios de la moral y las buenas costumbres y evite todo aquello que “lesione los conceptos y valores esenciales de la sociedad, como las personas, la familia, la patria u sus símbolos y próceres, las autoridades, las instituciones, el patriotismo cultural y las tradiciones…”. En caso contrario, Castaño advirtió en su mometno a los dirigentes que aplicará, a su conveniencia y criterio, la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
Hay otro detalle por demás significativo en la nueva escalada Renovadora contra la libertad de expresión en los medios del Estado misionero. Los obliga a entregar el video o las grabaciones de los micros en perfectas condiciones técnicas, con una antelación mínima de 48 horas de la salida al aire. Sus compañeros del Canal aclaran que esa medida persigue una sana costumbre: es el tiempo que Castaño y sus editores del rovirismo necesitan para echarle mano a la tijera de la censura renovadora.
Además Castaño es la persona culpada por el clossismo de haber pergeñado la censura del Canal 4, actualmente llamado Misiones Cuatro. <>
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