Los miembros del Jury de Enjuiciamiento, por unanimidad, abrieron la puerta al proceso contra el fiscal de Estado Joaquín de Rosas. La medida, que no es un juicio en sí misma, implica que ahora el funcionario cuenta con diez días hábiles para preparar y presentar los argumentos de su defensa y las pruebas que considere necesarias. Una vez cumplida esa instancia, el tribunal puede desestimar la acusación o continuar con el juicio.

El fiscal de Estado llegó a este proceso por haber desistido de la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por la Provincia contra el decreto 699 firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el que se extendía por 15 años la promoción industrial en las provincias vecinas. El desistimiento fue realizado como parte de una negociación del gobernador Celso Jaque con la presidencia, por la que se incluiría a siete departamentos de Mendoza en la promoción.

El decreto ampliatorio de la desgravación impositiva a los departamentos de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, General Alvear, San Rafael y Malargüe nunca fue publicado (por lo que no tiene valor), pero la demanda ya fue retirada por Mendoza. Este es el causal por el que el Frente Cívico presentó su caso contra De Rosas el 12 de octubre pasado.

El Jury de Enjuiciamiento es un instituto constitucional. Está conformado por 21 miembros: los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, siete diputados y siete senadores.

Lo que hizo ayer este tribunal fue darle vista al fiscal de Estado. Es decir, se analizó la presentación realizada por el titular de la bancada radical de senadores, Armando Camerucci (y firmada por los legisladores del Frente Cívico), y se entendió que había sustento como para pedirle explicaciones al De Rosas. Aún puede haber buenas noticias para el funcionario: si sus argumentos son atendibles, puede desestimarse la presentación. Pero este primer paso nunca se ha dado, por lo menos desde el retorno de la democracia.

Hubo un tibio intento de pasar a cuarto intermedio, por un pedido del oficialismo y del diputado del PD Aldo Vinci, quien hizo un planteo respecto de las mayorías necesarias para enjuiciar a De Rosas. El artículo 165 de la Constitución indica que "el Jury decidirá por votación nominal y por mayoría de votos de la totalidad de sus miembros".

Si los miembros son 21, la mayoría corresponde a 11 votos. El quórum para funcionar es la mitad más uno de los miembros, o sea 12 miembros. Sin embargo, ayer no fue necesario contar los votos. Todos apoyaron la moción de darle el pase a De Rosas para que se defienda.

"La acusación está bien planteada y atendible. No significa que esté acusado", dijo Vinci.

El hombre que impulsó la acusación, Camerucci, mostró su beneplácito acerca de la decisión: "Es bueno que el Jury nos permita a todos conocer lo que ha pasado con la promoción industrial".

Después del descargo, el tribunal volverá a sesionar. En caso de que las explicaciones no sean convincentes, deberán haber al menos once voluntades que quieran avanzar con el proceso de 30 días que prescribe la Constitución y la Ley 4970. En ese caso, el fiscal será suspendido en sus funciones.

De acuerdo con la Carta Magna, el fiscal sólo puede recusar a uno de los miembros del jury, sin ofrecer motivos. Se especula con un posible recusado: Juan Carlos Jaliff, quien el último fin de semana ventiló un nuevo cuestionamiento contra De Rosas: El caso de Sergio Vignaud, ex director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, quien pretende cobrar del Estado unos 13 millones de pesos por haber representado al Gobierno en las paritarias.

El recurso presentado por Vignaud para cobrar esta suma (a pesar de ser funcionario) tendría el visto bueno del fiscal. Pero Jaliff tiene reemplazante: Alberto Gómez, otro cobista.