A pocas horas de enterarse de que la Legislatura encarará un Jury de Enjuiciamiento para intentar removerlo del cargo que buscó durante 12 años, Joaquín de Rosas se refugió en su despacho para trabajar en un escrito que revelará en estos días y que explicita paso a paso los actos legales que concretó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que desembocaron en el desistimiento del reclamo judicial del Estado mendocino por la promoción industrial. El fiscal de Estado aceptó dialogar con El Sol y asumió que, si el Jury prospera y Nación no publica el decreto que él mismo firmó, su cargo estará en problemas. Es que no puede obviar las diferencias entre los tiempos políticos y los jurídicos, porque la presentación de las pruebas para el Jury pueden ser en breve, sin embargo, la Nación puede demorar un año en publicar la polémica norma.

De todas maneras, advirtió que, si no aparece el decreto y la Nación borra la firma con el codo, la Provincia podrá iniciar un nuevo reclamo judicial por las consecuencias de la promoción industrial. De Rosas se muestra incómodo pero dice que no siente “miedo” por su actuación. De todas formas, y por primera vez, una persona cercana del gobierno de Celso Jaque aceptó que el condicionamiento para que Mendoza adhiriera al desendeudamiento era que firmara el desistimiento ante la Corte. “Cómo que no ganamos nada, si en un mes nos van a dejar de descontar 30 millones de pesos, y esto a pesar de que no prospere la promoción industrial”, soltó casi al pasar. Por esto, De Rosas se defiende y considera que ha actuado como debía, para proteger los intereses de la Provincia. Además, mostró que en el dictamen que él mismo elevó al gobernador, en el que le recomiendan que desista del reclamo judicial, dice que debería “materializarse lo pactado”, y en esto se basa para argumentar que, a pesar del desistimiento del derecho y del proceso, Mendoza podrá volver a reclamar.

“Por primera vez en 30 años, Fiscalía ha actuado en favor de la Provincia en relación a la promoción industrial. Fíjese, en la etapa anterior lo que pasó con Portezuelo del Viento y, sin embargo, nadie dijo nada. Cuando cobremos estos mil millones, vamos a terminar haciendo una zanja”, bromeó. De Rosas no puede ocultar su malestar con la oposición. De hecho, accedió a una entrevista periodística con la intención de contestarles a referentes del radicalismo, a los que consideró “necios”, sin dar nombres.

Y si bien el decreto sigue sin aparecer, tanto él como el entorno jaquista están confiados en el reaseguro que da la medida cautelar que aún mantiene la Cámara de Comercio de San Rafael. Es que esta no levantó el reclamo judicial y, por esto, el amparo se mantiene en la Justicia federal de ese departamento, por lo que podría usarse como salvavidas si la Nación no publica el supuesto decreto que habría firmado el gobernador el 21 de setiembre.

¿ARGUMENTOS FALSOS? Los miembros del Frente Cívico Federal, autores del pedido de Jury de Enjuiciamiento para Joaquín de Rosas presentado el martes en el Poder Judicial, consideran que los argumentos del fiscal son falsos. Así lo afirmó el jefe de la bancada radical en el Senado, Armando Camerucci. “No es cierto lo que dice De Rosas. No hay resguardo legal para que Mendoza pueda comenzar una demanda nueva”, aseguró el radical.

Según dijo, no hay ley que autorice a retomar una causa de la que el interesado –en este caso, la Provincia– ya desistió, tanto en los motivos, como en el proceso de esta. Para el legislador sanrafaelino, el borrador del decreto presidencial aportado ayer por el fiscal, quien le acercó este documento, que incluye a Mendoza en los beneficios de la promoción industrial pero pone como condición el desistimiento de la demanda, lejos de ayudarlo, lo complica más. Esto, porque De Rosas dijo haberse basado en el texto del borrador del nuevo decreto –que no está vigente, ya que nunca se publicó– para dejar sin efecto la demanda. Pero, el texto aportado por De Rosas da cuenta de su precariedad. Es decir que no tiene membrete ni fecha ni firma y no se encuentra siquiera foliado. “No hay pieza legal que avale la acción del fiscal, esto es innegable”, subrayó el senador.