Luego de que la Justicia confirmara una vez más que las tierras del Barrio Obrero deben estar bajo su tutela, Carlos Romero reclamó a la dirigencia de la toma que modifique su postura y encare una negociación para zanjar diferencias. "Dicen 'recurriremos a la Corte Suprema', ¿para qué? ¿Ganar tiempo? ¿Para qué? Si la solución está en ustedes y saben positivamente que la Corte va a ratificar las sentencias como ya lo ha hecho", cuestionó.

El propietario de la chacra usurpada al norte de la Circunvalación Arturo Illia afirmó: "Hemos mantenido nuestra palabra a lo largo de estos cinco años, queremos vender a un precio justo y equitativo, pero también queremos cobrar de contado por la falta de las garantías correspondientes". Y planteó que en esos términos encararía una nueva gestión para transferir el predio.

Romero consideró: "Esto solo se puede resolver con la voluntad de las dos partes y hasta ahora sólo mi familia ha respondido con propuestas y con fundamentos lógicos que hacen a la credibilidad del desarrollo de la negociación. No se puede decir 'queremos pagar' si no se presenta una propuesta seria".

Y apuntó directamente a los máximos representantes de los habitantes del lugar como el motivo de la falta de acuerdo. "Busquen un asesor en el Colegio de Abogados o el Colegio de Contadores que los oriente en la negociación de compra, no en seguir litigando porque eso le conviene a (Lilia) Calderón. Y no se guíen por los encumbrados de los derechos humanos, porque tienen un fin político y no les importa lo social. Si fuera así les estarían diciendo que para reclamar derechos, primero se debe respetar la ley", fustigó.

"Entiendo su preocupación por el desalojo, la Justicia ha actuado conforme a la ley", les manifestó públicamente.

Víctima tres veces

El titular de las tierras defendió su decisión de mantener abierto el reclamo legal al tiempo que solicitó una negociación formal para vender las parcelas, al considerar que durante el proceso fue víctima tres veces. "En este caso el privado termina siendo extorsionado por los usurpadores primero, por el poder político después y por el poder judicial por último", sostuvo Romero en un escrito dirigido a las "familias de la toma".

En el texto, les recordó a los habitantes del Barrio Obrero que no es responsable de sus situaciones "y que es el Estado el que debe darles explicaciones".

Sobre la vía legal, manifestó que "los usurpadores presionan para que les venda a un precio irrisorio, los políticos juegan con que no tienen nada que ver, que es un problema entre privados y los jueces en el caso de la Cámara de Apelaciones presionaron para que les ceda a un costo social la tierra, porque ya no había más nada que hacer". Y detalló que un magistrado fundamentó la postura en que en la ocupación "actúan como animalitos sin razón".

Romero les expresó a los vecinos: "Conformen una nueva comisión que atienda la solución al conflicto. El delito ya fue y se juzgó, ahora busquemos la solución seria y razonable. Defenderé la tierra hasta las últimas consecuencias".