"Ellos dijeron que con esa Ley vendían todo", sostuvo el legislador. Sus respuestas fueron ante las consultas de Nuevo Diario sobre la actuación de los legisladores ante el conocimiento de la venta de las tierras anteñas, sin que pasara por el recinto un proyecto de Ley para disponerlas en una venta. Ello en tanto una auditoría de la Sindicatura General de la Provincia (SIGEP), en 2008, indicaba que no había instrumento legal para llevar adelante la venta.

En la Ley de Colonización se indica que las tierras no deben ser revendidas por 10 años cuando se trate de adjudicatarios. Esto no se cumplió, dado que se revendieron 8 lotes que fueron adjudicados en precio promocional antes de ese tiempo. En su artículo 34 la Ley también establece que, luego de haberse realizado un "concurso público" para vender las tierras, esta se hará a personas físicas o jurídicas cuyos planes de explotación serán evaluados "siempre que los adjudicatarios no posean otros inmuebles rurales en el territorio de la provincia".

También se establecía venderlos a aquellos que "promuevan la implantación de actividades secundarias o la integración agro-industrial, que posean recursos económicos y financieros suficientes para hacer viable los tipos de explotación y uso previstos en los respectivos planes de colonización". Difícil que se hayan cumplido con planes de colonización en tanto hay empresas que compraron las tierras fiscales y las transfirieron el mismo día a otras.

La venta realizada en 2007 era conocida, y la credulidad del legislador parecía persistir a pesar de las advertencias. Y es que en una nota que los comodatarios de Tolloche dirigieron a Godoy y que está fechada el 9 de octubre de 2007 (momento en el que se habían vendido algunas hectáreas de Tolloche y otras no), estos advertían que desde el gobierno de Juan Carlos Romero se pretendía "vender las parcelas del Lote Fiscal 37 vulnerando la Ley de Colonización 6570".

"Estaba excusado"

Las consultas por el conocimiento de la auditoría de la SIGEP de 2008 también se extendieron a Sergio Usandivaras, dado que en el momento de entrega del informe era el jefe del Programa Jurídico del Ministerio de Desarrollo Económico, cartera que había solicitado el informe.

"Lo que pasa es que estaba excusado en Tolloche", contestó el actual coordinador de Tierras y Bienes Patrimoniales de la provincia. Su excusación, recordó, fue por la conexión que acusaban los comodatarios de las tierras anteñas (ya en 2007), con una de las empresas compradoras, Quebracho Colorado, de la cual Usandivaras fue asesor antes de ser funcionario.

"No me acuerdo absolutamente de nada" que tenga que ver con esta auditoría, sostuvo, al insistir en que al haberse excusado, no podía actuar en el caso.