El impulso inicial fue dado por el titular de la Juventud Radical, Willams Fanlo, quien denunció marcadas irregularidades en las conformación de las cooperativas beneficiarias del plan nacional. Estos hechos derivaron en planteos judiciales.

"Racedo, como cabeza del Ipacym, es el responsable directo de la supervisión jurídica administrativa de las cooperativas y debe controlar que se ajusten a lo normado por ley. Es quien debe dar explicaciones", sostuvo Romano Norri, en nombre de la junta de gobierno radical.

El conductor de la UCR aclaró que el pedido de informes no afectará la fuente de trabajo de muchos tucumanos, sino que tiende a preservarlas. "Lo que se objeta es la metodología usada, De un acto de justicia social se pretenden sacar ventajas políticas", aseveró. Solicitó además la urgente normalización del organismo, y afirmó que su misión fue desvirtuada por el gobierno de José Alperovich.