Constituyó una empresa similar a Cordubensis CBI en esa provincia junto con José Luis Weissbein, con causas abiertas en la Justicia cordobesa. Los fines de la sociedad sanjuanina son un calco de la local. El juez Bustos Fierro aún no decidió si se aparta.
Al momento de estallar el escándalo de CBI se conoció que sus miembros conformaban un conglomerado de empresas, entre las cuales Rodrigo integraba dos especies de filiales en las provincias de Santiago del Estero y San Juan.
En el Boletín Oficial de San Juan, el 17 de octubre de 2013 fue publicada la constitución de “Rosa del Oeste”, integrada por Rodrigo y Weissbein, quienes se inscribieron en agosto como presidente y vice. Como un calco de CBI, la constitución de la entidad prevé entre sus actividades: préstamos personales, a empresas e industrias, financiamiento de inversores, inversiones en general y servicios de cajas de seguridad. Se aclara que “la sociedad no realizará operaciones comprendidas en la ley de entidades financieras ni aquellas para las cuales se requiera el concurso público”.
Mientras Rodrigo afronta hoy una imputación de la Justicia federal por asociación ilícita, estafa e intermediación financiera fraudulenta, Weissbein acumula cargos por defraudación ante la denuncia del socio de un campo.
El denunciante es el abogado Juan Barizábal Isso, quien entregó 300 mil dólares a Weissbein como administrador de un campo que compartían en el departamento Cruz del Eje.
La presentación judicial sostiene que nunca le rindió cuentas y tampoco le devolvió la inversión. Además, recientemente se conoció que la propiedad fue transferida por Weissbein, por lo cual Barizábal Isso no percibió monto alguno.
El procesamiento de Molina a Weissbein cuenta con el aval del Juzgado de Control 5 y de la Cámara de Acusación de Córdoba, por unanimidad.
El fiscal procesó a Weissbein, su esposa Adriana Barale y su cuñado Carlos Barale por administración fraudulenta y, además, por desbaratamiento de derechos acordados, por la venta del campo. Ante el Juzgado de 1ª Instancia de 26ª Nominación Civil y Comercial, Weissbein reconoció que a Barizábal Isso le pertenecía el 12 por ciento de la propiedad.
Mientras, la investigación sigue, si bien ayer se interrumpió porque la tercera jornada de indagatoria a Rodrigo se suspendió debido a que se aguarda que el juez Ricardo Bustos Fierro se pronuncie respecto del pedido de apartamiento que le formularon el abogado Carlos Nayi y el fiscal Enrique Senestrari. El magistrado fue cuestionado por una fotografía en la que aparece junto al empresario Euclides Bugliotti. Fuentes judiciales señalaron ayer que el juez ya había tomado la decisión, aunque no indicaron cuál. Luego, anunciaron que la difusión de la novedad se postergó hasta hoy o mañana.
En el supuesto caso de que se produzca el apartamiento, habrá que ver quién es designado. Quedó descartado que se asigne el caso a un secretario Penal y, en cambio, persisten dos opciones: un juez federal del interior provincial o un conjuez.
Por otra parte, de paso por Córdoba, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella, se pronunció a favor del apartamiento de Bustos Fierro. Además, anticipó que en la causa podrían sumarse imputados.
Pedido de detención
Reclamo. El fiscal federal Enrique Senestrari y Carlos Gonella, titular de Procelac, realizaron ayer un nuevo pedido de detención de Eduardo Rodrigo porque, según la solicitud, “habría ingresado al país de manera ilegal”. Al respecto, el abogado de Rodrigo, Carlos Palacio Laje, dijo a La Voz del Interior que eso es “mentira”, ya que su cliente ingresó en forma legal “por la frontera de Foz de Iguazú”. Asimismo, el letrado, descalificó el pedido por considerarlo “rayano lo extorsivo”.
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