El informe que dio a conocer el diario La Nación el último domingo llegó a la Corte hace más de diez días pero será analizado por los jueces recién cuando termine la feria. El documento es la respuesta que envió la Procuración General a la demanda que planteó San Luis después de conocido el DNU 2010. Entre otros argumentos, el Gobierno sostuvo que sin el Fondo del Bicentenario "existen fuertes probabilidades de que el presupuesto 2010 no se pueda ejecutar debidamente".

Para Rodríguez Saá, el informe oficial deja al descubierto que "el Gobierno está reconociendo en la práctica que ya no puede gestionar el país y que es incapaz de reducir gastos y no incurrir en déficit". En el mismo sentido opinó su abogado, Rodolfo Barra, quien si bien aún no pudo acceder al escrito indicó que "si es tal como se publicó, la cuestión todavía es peor porque habría una concesión de que usan los fondos para paliar el déficit publico, lo cual es más grave aún".

San Luis planteó la inconstitucionalidad del decreto por el cual la presidenta Cristina Kirchner creó el Fondo del Bicentenario con más de 6.500 millones de dólares de reservas del Banco Central. El Gobierno rechazó la demanda y aseguró que el DNU quiso "optimizar el uso de las reservas que superan las necesarias para la estabilidad financiera".

El tema podría ser debatido en la primera acordada de la Corte, el 2 de febrero. Los jueces apuestan a que la polémica encuentre respuesta política antes de ese plazo.