Estuvo presente en la reunión del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires que se realizó en Trenque Lauquen.
El Colegio de Abogados del Departamento Judicial Trenque Lauquen fue el anfitrión de dos reuniones, una del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (ColProBA) y otra de la Comisión de Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que comenzaron a fines de esta semana.
La reunión del Consejo Superior del ColProBA, que comenzó el miércoles a media tarde, fue encabezada por el presidente de esa entidad, Dr. Bienvenido Rodríguez Basalo, y también participó el titular del CADJTL, Dr. Hugo David Palomeque, quien además estuvo al frente del encuentro de la Comisión de Administración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Según Palomeque, se concretó el encuentro “con asistencia perfecta, estuvieron los 20 presidentes de los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y estas reuniones se realizan una vez por mes, y se tratan temas de importancia para los colegiados pero además para toda la comunidad”.
Por su parte, Basalo criticó fuertemente el fallo Isla por perjudicar la retribución de los profesionales del derecho y afirmó que “la Justicia además de llegar tarde es insuficiente”.
Documento
“El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires manifiesta su más enérgico rechazo al fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Isla, Sara E. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Amparo Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley”, mediante el cual considera derogada la tasa activa que deriva del art. 54 inc. b) de la Ley 8904, previsto para los honorarios en mora, sustituyéndola de manera irrazonable por la tasa pasiva”, sostiene el documento que se emitió de la reunión.
Y agrega que “este fallo, además de contrario a la Ley, constituye un grave menoscabo a la justa retribución del trabajo profesional (artículo 14 bis de nuestra Carta Magna) y al carácter alimentario de los honorarios de los abogados resultando totalmente regresivo e implicando un grave retroceso a derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que goza de jerarquía constitucional”.
También afirma que “no podemos soslayar las graves consecuencias que el fallo ocasiona a la abogacía, en un contexto de deterioro de los ingresos, procesos judiciales que se extienden en exceso, regulaciones judiciales exiguas y otras circunstancias que día a día tornan mas difícil el ejercicio de la profesión”.
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