El Senador electo habló de la modificación al Código de Procedimiento Penales de la provincia que permite requisar vehículos y personas sin orden judicial.
En el proyecto, cabe la acotación, se crea las fiscalías jurisdiccionales que permiten a los ciudadanos no depender sólo de la Policía para realizar una denuncia, sino que desde ahora tanto en barrio alejados como en ciudades del interior, habrá un fiscal que se encargará de las demandas de la sociedad y el consecuente proceso penal.
Pero el punto que mayor revuelvo creo es la posibilidad de policía de requisar un vehículo o una persona sin orden judicial, siempre en presencia de dos testigos hábiles, algo que desde hace más de una década pueden hacer los policías federales y la Gendarmería nacional.
“Este proyecto de reforma parcial del nuevo Código del procedimientos penales de la provincia modifica las normas existentes en la materia y establece una norma idéntica a la establecida en el Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) que es la que utiliza la Justicia Federal de Salta en sus procesos y no es otro que el artículo 230 bis del CPPN reformado en el año 2001 por la ley 25.434”, señaló el Senador Nacional electo y ex juez.
“Esta es la norma -ejemplificó- que permitió, por ejemplo, requisar el auto de los narcopolicías y atrapar a los los hermanos Gimenez, recientemente condenados y que permite diariamente que la Gendarmería haga controles de vehículos, es la misma ley que ha permitido secuestrar miles de kilos de droga y detener a cientos de traficantes que circulan por las rutas fronterizas. Hablando de la ley de derribo, esta es la norma que permitiría requisar un avión de narcos cuando aterriza en una pista clandestina”.
El ex magistrado señaló que esta es una norma que permitirá agilizar los procedimientos en caso de que se descubra, drogas en algún operativo de seguridad. “¿Se imaginan ustedes que engorroso que sería que la Gendarmería tenga que pedir una orden judicial cuando encuentra droga en un automotor con motivo de un control de rutina?”, explicó.
En cuando a los motivos que impulsaron el tratamiento de la norma en la Cámara baja de la provincia el Senador electo señaló: “La razón es muy clara a partir del primero de enero de 2014, la provincia asume la responsabilidad de perseguir y juzgar a los narcotraficantes de pequeñas cantidades y debe tener los mismos instrumentos legales con que cuentan las fuerzas de seguridad federales y la propia justicia federal. Esta norma que propone el PE no hace mas que adoptar la misma legislación de la nación en la materia”.
“Llama la atención que muchos que aprobaron la ley de Desfederalizacion de la lucha contra las drogas, hoy boicoteen las leyes que permitirán a la provincia llevar eficazmente esta lucha crucial”, manifestó Urtubey.
“Este gobierno no solo declama en contra del narcotráfico, sino que asume responsabilidades concretas como juzgar y condenar a los narcos. Esta es la verdad”, consignó.


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