La información sobre esa situación fue provista por la propia casa de gobierno, en una gacetilla en la que se plantea que el fiscal de Estado se equivocó al promover la afectación de tierras ocupadas por comunidades wichíes. De acuerdo con ese informe, la medida fue promovida por Simoni a raíz de deudas en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural; pero las tierras aborígenes están exentas de ese tributo.

Preocupación indígena

El parte de prensa dice que el gobierno provincial "brindó su apoyo a integrantes de la comunidad wichí de Misión Nueva Pompeya, ante el embargo de tierras solicitado recientemente por la Fiscalía de Estado. El director del Área Defensa de la Democracia, Julio García, recibió esta mañana a integrantes de la comunidad para analizar la situación y evitar que se concrete el embargo. De esta manera, se dio intervención al Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach)".

Luego se indica que Simoni inició un juicio de apremio por una suma superior a los 68.000 pesos y el embargo del predio donde se radica parte de la comunidad wichí de Misión Nueva Pompeya, ante "supuesto incumplimiento" del pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Se trata de un terreno de 20.000 hectáreas donde viven unas 5000 familias.

García, sobre sobre este tema, dijo que el procedimiento judicial es "incorrecto", ya que tanto la Constitución Nacional, como la Provincial y la Ley del Aborigen Chaqueño exceptúan del pago del Impuesto Inmobiliario Rural a los pueblos originarios.

Por su parte, el coordinador de la Mesa de Trabajo y Gestión Comunitaria Wichí, Zenón González, indicó que de continuar el embargo se violaría el derecho constitucional que garantiza el acceso de los aborígenes a la tierra. "Tenemos derechos constitucionales que garantizan nuestro acceso a la tierra con la exención de distintos impuestos; por lo tanto, nos sorprende que el fiscal desconozca estos aspectos de la legislación nacional y provincial", expresó