En ese sentido, el abogado destacó: “Varios organismos internacionales le han señalado al Estado nacional y al Estado provincial la necesidad de reformas estructurales en todo el sistema penitenciario”.

A continuación, la entrevista completa.

RP.- Cuéntenos cómo está trabajando la comisión por la Memoria.

En realidad ese hecho que se mencionó aconteció en la unidad 29, de acá de La Plata, con el detenido Fabián Sampietro, que viene reclamando desde hace tiempo la aceleración de su causa judicial que realmente se ha perdido en la maraña burocrática de la Justicia. Lleva mucho tiempo sin resolución, hace ya prácticamente dos meses y pico que el tribunal de Casación anuló el juicio que él había tenido porque, digamos, estaba mal hecho. Entonces ordenó que se haga un nuevo juicio y ya va para tres meses esperando que le ordenen un nuevo tribunal para que lo enjuicien.

Esto derivó en distintas instancias de reclamos, como la que ha tomado público conocimiento, en la que Fabián ha decidido coserse la boca. Así que, bueno, estamos trabajando desde varias organizaciones para tratar de lograr que la Justicia se mueva rápidamente en algo que es increíble, que, por una cuestión formal, es apenas un trámite burocrático, tarde tanto en intervenir el juzgado que corresponde.

Y lo que conversábamos está vinculado a la unidad 9, que por ahí hace a la confusión ya que hace unos días concluyó una huelga de hambre que venían desarrollando todos los pabellones evangelistas de la unidad, en función de las condiciones inhumanas que venían padeciendo y esencialmente por problemas serios de atención médica que hay en todo el sistema penitenciario.

RP.- ¿Cómo es la convivencia de los internos en las distintas unidades?, ¿es generalizada la desidia en los penales?

Hay un problema estructural en todo el sistema carcelario que venimos dando cuenta y denunciando. Justamente eso ha llevado a que intervengan varios organismos internacionales y le hayan señalado al Estado nacional y al Estado provincial, la necesidad de reformas estructurales en todo el sistema penitenciario provincial.

Es un problema muy serio, por un lado, de superpoblación y hacinamiento en todo el sistema penitenciario, que tiene una capacidad para 16.800 plazas y actualmente está alojando a 29 mil personas, con un problema sistemático y estructural de torturas y de violencia institucional hacia las personas detenidas. Pero también con el padecimiento de condiciones que son inhumanas, que no respetan estándares mínimos señalados por los organismos internacionales. Agravado esto por la corrupción estructural que tiene el sistema que lleva a que las personas detenidas padezcan hambre, no tengan medicación cuando se enferman y no haya un solo producto de limpieza en estos lugares.

Todo esto va generando que las condiciones se empobrezcan, pero en realidad es un problema que atraviesan todas las 57 unidades carcelarias que hay en el sistema carcelario.

RP.- Si bien uno puede tener una idea vaga sobre lo que es la tortura, desde el punto de vista legal, ¿qué acción es considerada como una tortura?

Hay toda una discusión en ese sentido. Nosotros venimos planteándolo porque obviamente que el delito de tortura está tipificado en el código penal y se da cuando agentes establecidos estatales provocan el padecimiento físico-psicológico grave de una persona que se encuentra a su disposición, y se establecen inclusive por cuestiones vinculadas a conseguir una información o para obtener algún tipo de acto o sumisión de esa persona.

Esto tiene que ver con actos y misiones de funcionarios públicos, en el padecimiento de esa persona. Pero más allá de las definiciones técnicas, tiene que ver con esto que te comentaba, que es el padecimiento de una situación de violencia de parte de las personas que tienen a su cargo la custodia del detenido.

RP.- Ya sean físicas o psicológicas…

Claro, eso es muy importante, porque generalmente se tiende a reducir la tortura a lo que son los golpes, a cuando las personas quedan marcadas. Traen un padecimiento subjetivo muy importante en todo este tipo de agresiones y que, además, el sistema tampoco cuenta con dispositivos como para asistir a las víctimas de tortura