En la causa judicial que ahora lleva adelante el fiscal federal Gustavo Corregido, los funcionarios implicados intentaron en algún momento dirigir las sospechas hacia Rojas. De momento, los imputados por el fiscal son el ex ministro Aldo Leiva y dos de sus subsecretarios, Miguel Colman y el actual diputado Gustavo Carballo.

Los comienzos

Rojas, en diálogo con NORTE, contó que su trabajo en Desarrollo Social comenzó en julio de 2008, cuando por sus conocimientos sobre sistemas informáticos fue convocado por la entonces ministra, Cristina Magnano. En septiembre, la ministra lo urgió a organizar todo lo relacionado con la emisión de las tarjetas alimentarias, ya que el proceso venía muy demorado y el gobernador reclamaba mayor celeridad en el asunto.

Una primera dificultad fue armar el padrón de beneficiarios, por lo que se decidió tomar como base el del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria. Eran 135.000 personas de las que luego quedaron 125.000. Finalmente, en noviembre se definió una primera emisión de plásticos para más de 34.000 beneficiarios, algo que se produjo justo en medio de un nuevo cambio de ministros. En Desarollo Social Magnano dejaba paso a la llegada de Aldo Leiva.

"Ellos se hicieron cargo de la distribución de las tarjetas, el ministro y los subsecretarios, sobre todo Colman y Carballo. A las tarjetas las manejaban ellos", dijo Rojas. Los funcionarios, ante la justicia, dijeron en cambio que no tenían control directo sobre esos trámites.

Rojas dice que incluso las tarjetas "al principio, luego del trabajo de entrega que se hacía en el Domo del Centenario, se dejaban en la oficina de Colman", hasta que a fines de diciembre de 2008 se habilitó un pequeño depósito en el edificio de avenida 25 de Mayo y calle 1, al que también tenían acceso personas del área de administración.

En enero de 2009 se dejó de hacer la entrega de tarjetas en el Domo, y eso se pasó a un galpón de la calle Julio A. Roca, y más tarde en la sede de la avenida 25 de Mayo. "Ellos (por los funcionarios) dejaron a cargo del operativo a Adrián Ayala, una persona que supongo que era de confianza de Leiva. A mí lo único que me daban eran los troqueles en los que figuraba el nombre del beneficiario y su firma acreditando que había recibido la tarjeta. Con esos troqueles yo cargaba en el sistema cuáles tarjetas se habían entregado ya", dice Rojas.

Señal de alerta

Aunque las primeras tarjetas habían comenzado a usarse en diciembre, fue a fines de febrero que el ministerio recibió el informe de Visa (la encargada de la emisión de las tarjetas) con los archivos que contenían el detalle de uso de los plásticos, desde diciembre hasta la última fecha de cierre.

Para entonces, Rojas había recibido muchas quejas de personas que figuraban en el padrón de beneficiarios pero no habían recibido las tarjetas. "Con sorpresa, descubrí que algunas de esas tarjetas reclamadas tenían consumos en el informe de Visa. Lo que hicimos fue pedir una reimpresión de esas tarjetas y hacer que se diera de baja a las anteriores. Pero eso nos puso en alerta de que algo pasaba, porque hasta ahí pensábamos que las tarjetas estaban mal ordenadas o perdidas, pero evidentemente el problema era otro", recuerda Rojas.

Al cruzar datos, quedó todavía más preocupado: en diciembre las tarjetas supuestamente no entregadas que habían tenido consumo habían sido 1.800, se habían convertido en 2.500 en enero y en aproximadamente 2.200 en febrero. "Entonces sí, me di cuenta de que no podía ser un simple error, y le planteé el tema a Colman. También quise hablar con Leiva, que no me atendía, hasta que llegué a él y me dijo que todo lo tenía que arreglar con Colman", dijo.

Rojas afirma que entonces buscó plantearle su hallazgo al gobernador, pero no logró pasar de la secretaría privada del mandatario provincial. Un amigo le aconsejó escribirle un correo electrónico a la dirección disponible en la página web del Poder Ejecutivo. Lo hizo sin muchas expectativas, pero poco después encontró una respuesta de Capitanich, agradeciéndole la información y prometiéndole "una rápida investigación".

"Al día siguiente me llamó el doctor (Miguel) Garrido (asesor general de la Gobernación), me dijo que yo tenía una información ofrecida al gobernador, y le di el listado de todos los comercios en los que se habían usado tarjetas que en teoría no habían sido entregadas", señala Rojas.

"No lo podía creer"

Todavía hubo una sorpresa más. "Después de que se hizo la denuncia en la Fiscalía 10, cuando vi la declaración (de los funcionarios de Desarrollo) no lo podía creer. Decían que yo era el encargado de todo en relación con las tarjetas, y hasta inventaron una disposición en la que me hacían cargo del área. En abril me mandaron un telegrama para rescindir mi contrato, algo que me dio risa, porque nunca tuve contrato. Ahí me di cuenta de que me tenía que defender", contó.

El ex empleado, ahora dedicado a la actividad docente, dice que todo lo ocurrido le permite una sola lectura de lo que sucedió en el ministerio en aquellos meses: "Se robaron las tarjetas, no hay otra explicación, los hechos son demasiado claros", dice.

Rojas menciona otros detalles extraños, como el hecho de que en el comercio El Cohete, de Fontana, "se usaron en tres días unas 700 tarjetas, prácticamente todas con titulares que eran de Resistencia".

Sobre la actitud de sus superiores, evita los juicios de valor, pero considera que "ni Colman ni Leiva hicieron caso de lo que yo les decía. No actuaron. Yo le di al fiscal federal toda la información que tenía en mi poder. Lo que quiero es que se sepa la verdad y se sancione a quien haya que sancionar. Que se le ponga el cascabel al gato".

En el final, agrega: "Lo peor de todo esto es que le robaron a gente muy necesitada, no a Amalia Fortabat o a Francisco de Narváez. La gente que iba a pedir por su tarjeta sin encontrarla eran personas muy pobres, que para buscar esos 60 pesos de crédito para alimentos a veces habían gastado sus últimas monedas en un colectivo".