La desazón por la baja de 72 empleados contratados reinaba ayer en los pasillos legislativos entre los pocos empleados que están prestando servicios. La decisión del presidente Marcelo Rivera afectaría a empleados que venían prestando servicios desde hace varios años y que durante el 2014 se les había dado el contrato como el paso siguiente a la planta permanente.

Aún no se emitió ninguna notificación o comunicación formal, por lo que aquellos que fueron desvinculados están esperando que Rivera regrese de la costa donde se encuentra de vacaciones. Según adelantaron a El Esquiú.com la medida se tomó por la falta de presupuesto, situación que también afectará el normal funcionamiento administrativo a partir de febrero.

La noticia motorizó a que varios diputados del oficialismo se acercaran al palacio legislativo a buscar mayores precisiones pero se dieron con la novedad de que las autoridades se encuentran de vacaciones.

Precisamente el malestar radica en que se trata de empleados que ya veían cumpliendo funciones desde hace muchos años, primero como becados, luego en la planta política y desde el año pasado como contratados. “En realidad no hay baja, pero es casi lo mismo porque los contratos caducan el 31 de diciembre y hasta el momento no nos han llamado para firmar una renovación de contrato, pero decreto de baja no existe. Sólo hay que esperar hasta el lunes que llega el presidente para que se defina la situación de los contratados”, nos decía una de las afectadas, quien venía trabajando en la legislatura desde hace 8 años cuando ingresó como becada.

Explicación

Una alta fuente legislativa confirmó que se tomó la decisión de no renovar los contratos a 72 personas como consecuencia de la falta de presupuesto. “Ni siquiera se los dio de baja y no se los notificó. Simplemente se les terminó el contrato y saben que el otro mes no van a cobrar”, explicó a El Esquiú.com, quien se excusó de hablar oficialmente por la ausencia del presidente Marcelo Rivera, la única voz autorizada para clarificar la información.

No obstante, procuró minimizar la situación al asegurar que no hay una orden de la presidencia que busque ser una maniobra política o de represalia contra el gobierno. “El contrato se venció el 31 y se decidió no renovarlo por una cuestión presupuestaria”, dijo.

En ese orden afirmó que por la falta del crédito 2015, la cámara baja tendrá numerosos inconvenientes de funcionamiento los que por ahora no se sienten por el receso administrativo. “En febrero habrá muchos problemas para funcionar, se van agudizar los inconvenientes que ya tuvimos en el 2014”, afirmó.

Asimismo comentó que ya se firmó la reconducción de los 166 millones de pesos con lo que deberán trabajar, pero anticiparon muchos problemas, al menos hasta mayo, si el gobierno no convoca a extraordinarias para tratar la pauta presupuestaria del 2015 que se encuentra en la comisión de Hacienda de Diputados.

“Quedamos atados de pies y manos. No podemos hacer nada, estamos inmovilizados. Ahora no se nota porque están todos de vacaciones pero el problema vamos a tener cuando volvamos en febrero. Con el nuevo presupuesto lo pensábamos nivelar, corregir, ahora sin presupuesto no lo podemos hacer”, afirmó.

“Desde la playa dejan trabajadores en la calle”

El ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, cuestionó severamente la decisión de interrumpir el vínculo laboral de 72 trabajadores contratados por la Cámara de Diputados, y en particular el modo en que se resolvió la medida. Consideró la cesantía de los contratados como “un eslabón más en la cadena de irresponsabilidades de la actual conducción de la Cámara”, que nunca asumió la “responsabilidad de administrar con seriedad los fondos públicos”.

Saadi fue el vocero oficial quien destacó que con la decisión demostraron a la sociedad catamarqueña que la única motivación que persiguen es mantener y alimentar sus propios privilegios, y “jamás se ocuparon de ordenar las cuentas, de planificar y trabajar por la Provincia”, aseguró.

El ministro político del gobierno interpretó como “una crueldad y un manoseo” el anuncio de no renovar el contrato a los trabajadores incorporados, ya que “es una actitud cómoda que ratifica su total desprecio por la gente, que deja en claro qué es lo que harían si se cumpliera su pretensión de administrar la Provincia”.

Subrayó claras diferencias al trazar un paralelo con la gestión de la Gobernadora, recordando que “cuando Lucía Corpacci asumió el Gobierno, recibió más de 5.000 agentes incorporados a último momento por el Frente Cívico, con la única intención de desfinanciar y hacer imposible la gestión; sin embargo Lucía se hizo cargo de todos y protegió a cada trabajador”.

Y en ese sentido sostuvo que la conducción de Diputados ni siquiera se hace cargo de sus propios nombramientos, “y sin ningún escrúpulo, descansando, desde la playa ordenan dejar trabajadores en la calle”, expresó.

Saadi fue más allá al afirmar que “Luis Barrionuevo, con la decisión que ha tomado la Cámara, se ha transformado en la pata antiperonista del Frente Cívico y Social, el único movimiento político que en democracia se animó a perseguir y a echar a empleados públicos por su pensamiento político y por su alineación partidaria”, conducta que a la luz de los hechos sigue sosteniendo.

“No hay otros antecedentes en democracia vinculados con la cesantía de empleados públicos por su identificación política, de manera que con estos desmanejos y atropellos la conducción de Diputados quedó desnuda frente a los catamarqueños y deberá responder por sus actos”, concluyó.