El diputado provincial Roberto Risso (UCR) defendió la facultad del Estado “para anular o modificar un contrato perjudicial al interés público”, considerando que es una característica de “cualquier sociedad democrática y republicana”.
Las expresiones formaron parte del tratamiento de una nota ingresada oficialmente en la Legislatura Provincial en la última sesión, con la firma del CEO y apoderado de Pan American Energy. Oscar Prieto, acerca del proyecto en trámite de un nuevo marco regulatorio de hidrocarburos en Chubut,
Risso cuestionó los términos de la presentación de “empresarios que vienen a saquear y robar los recursos de todos los chubutenses”, según dijo, insistiendo en que “los nuevos contratos que se pretenden negociar no pueden ser en el marco del contrato con PAE”.
“Por encima del interés particular hay algo que es un valor superior: el interés público. Por eso el Estado puede hacer cosas que un particular no puede hacer. Y el Estado puede anular un contrato y modificarlo si es perjudicial para el interés público”, consideró.
La nota de PAE advierte que “una norma provincial que vaya en contra de la ley nacional 17.319 sería inválida e inconstitucional” y adelanta que el proyecto pretende alterar “aspectos sustanciales que hacen al desarrollo de la actividad hidrocarburíferas con efectos locales, regionales y nacionales”.
PAE efectúa sus observaciones “al solo efecto general”, por considerar que “ninguna nueva ley puede ser retroactiva y aplicable a las actuales concesiones ni sus extensiones”, y afirma que la legitimidad del acuerdo suscripto en abril de 2007 para la explotación de los recursos petroleros en la zona de Cerro Dragón ha sido “reconocida” por el Poder Judicial.
Cuestión de fondo
Risso estimó que “no es verdad por cuanto la justicia nunca se introdujo en la cuestión de fondo” y reivindicó la posibilidad de una revisión del Estado, acentuando sus críticas en la advertencia de la compañía petrolera acerca de “someter la cuestión a arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional” en aquellos casos en que “no se logre una solución satisfactoria de mutuo acuerdo”.
El diputado radical calificó a estas expresiones como “una amenaza”, al ignorar las leyes argentinas y decir que “o nos portamos bien o nos mandan a la sede de la Cámara de Comercio Internacional”, calificando a esa actitud como “el tupé de la sucursal de una empresa británica que viene a decirnos que no debatamos ni modifiquemos nada porque está cómoda con la plata que se lleva”.
“De nuestra división o por no hacer lo que debemos se siguen llevando cientos de millones de dólares”, sostuvo Risso, promoviendo un debate “sin miedos y público”.
“No puede ser que se justifique esta explotación de un recurso. Pero mucho más grave es que se lo haga en secreto, como si los diputados que no son del Frente para la Victoria o la misma sociedad fueran enemigos”, señaló.
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