Ese fue la conclusión que sacaron los diputados Judit Díaz Bazán y Enrique Molina tras visitar el Servicio Penitenciario Provincial ubicado en nuestra Capital. Los legisladores advirtieron sobre la superpoblación en dichas instalaciones al destacar que “en un espacio donde debería haber 30 personas hoy lo habitan unas 220, violando todas las garantías constitucionales”.
Díaz Bazán explicó a la prensa que “nuestra Constitución Nacional dice que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los detenidos y esta estructura preparada para un numero de menos de 30 personas y construida a fines de la década del 70, hoy se ve habitada por 220 personas lo que deja sin ninguna posibilidad de considerarla de acuerdo a los requerimientos constitucionales. La Rioja necesita una nueva cárcel en forma urgente”.
“Por eso –dijo Díaz Bazán- vamos a reclamar desde la Comisión que ha sucedido con los fondos nacionales que se anunciaron a principios del 2010 para la construcción de nuevos pabellones y equipamiento, ya que hasta la fecha no se inicio la obra. Habrá que revisar si los fondos fueron remitidos y en que etapa se encuentran”.
Asimismo la diputada del Frente Cívico y Social agregó que “hemos constatado un déficit habitacional interno que se ve agravado por el tipo de delito cometido. Entonces esta situación obliga a sobre poblar determinados pabellones para proteger la integridad de los presos. Esto se debe a que en la creación de esta unidad penal los delitos principales estaban asociados al cuatrerismo, homicidios pasionales y fraude, y hoy esto se agrava con el aumento del uso de drogas y armas y delitos contra la integridad sexual, teniendo en cuenta que son cada vez más jóvenes los presos que ingresan a la institución”.
En cuanto a la situación del personal del Servicio Penitenciario, Díaz Bazán manifestó que “si bien forman parte de equipos Nacionales de capacitación con muy buen entrenamiento, no disponen de lugares de confort ni de seguridad suficientes para su trabajo. Existen problemas en relación con rotatorios atrasados, combustible no siempre disponible y vehículos en condiciones para traslados locales y al interior. Se debe revisar el régimen jubilatorio del personal que realizan sus tareas al límite de sus posibilidades.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos describió como “muy crítica” las condiciones de insumos, tecnología e infraestructura. “De acuerdo a lo que vimos y nos informaron son comunes los problemas de obstrucción de cañerías de cloacas y en la disponibilidad de agua en forma constante debido a que las redes internas son obsoletas. No existe un sistema informático en condiciones de facilitar las tareas de archivos e identificación, ni tampoco están instaladas cámaras de vigilancia que mejoraría el control sobre los internos y la seguridad para el personal. Muchos de los sitios para la distracción no se pueden utilizar por el riesgo que significa para la seguridad el alambre perimetral, totalmente obsoleto”.
“Las visitas también sufren condiciones de hacinamiento ya que los lugares de contacto con sus familiares en condiciones de encierro son sitios improvisados y anti higiénicos”, dijo finalmente Díaz Bazán al advertir que “vamos a reclamar un mayor compromiso del Estado para revertir esta situación en forma urgente”.
Comentá la nota