Varios contratos de la obra social fueron dados de baja. Si bien desde el organismo aseguran que es por una reestructuración, sus funcionarios fueron blanco de la ira de Pérez por la cantidad de incorporaciones.
Sin nombrarlo, porque consideró que más que un reto sería un escrache, el mandatario lanzó toda su furia en la última reunión de gabinete ampliado que se realizó a principio de diciembre en Tunuyán. Consideró que el titular de OSEP, lejos de mostrar lealtad, se había movido de manera autárquica en decisiones que debían tener la plena aprobación política.
El enojo de Pérez, que de manera vehemente y utilizando algunos epítetos señaló que había funcionarios que hacían caso omiso a los decretos del gobernador, tuvo que ver con la noticia de que en un año de gestión se habían incorporado poco más de 150 personas a la OSEP (178, según algunos registros), y que lejos estaba esa medida de sus decreto 1 del 2012, donde restringía el ingreso a la Administración Pública salvo casos excepcionales y aprobados por el mismo mandatario.
Aquella norma no incluía a los organismos descentralizados de forma explícita, sino que los invitaba a adherir. Lejos de eso, el caso de OSEP fue tomado por Pérez como el modelo a no seguir. Como consecuencia, la redacción del decreto 43 del 2013, que ampliaba esa restricción y enumeraba una serie de ajustes, también incluyó a aquellas dependencia donde la decisión de incorporar o no personal había quedado al libre criterio un año anterior.
En esa reunión Recabarren se hizo cargo automáticamente de la situación, aunque tampoco quiso abrir una discusión personal.
"Las palabras del gobernador no fueron sólo por OSEP", advirtió Recabarren, y continuó: "Nosotros somos un organismo asistencial, por lo tanto nuestra planta de personal siempre es dinámica. Hemos mejorada y agrandado algunos servicios e implementado otros que no aparecían. Necesitábamos llenar todos esos lugares. Teníamos que incorporar gente para seguir creciendo ".
El titular de OSEP se refirió especialmente a los nombramientos en el Fleming y en diferente áreas del hospital Del Carmen. Pero aclaró que los despidos no tuvieron nada que ver con el planteo de Pérez, sino con un reordenamiento dentro de la obra social.
Más allá de Recabarren, todas las miradas apuntan a Correa, a quien marcan como el responsable de seleccionar a las personas incorporadas y hacer efectivos los contratos. Ese es uno de los puntos que más bronca generó en Pérez. Según cuentan, ni él ni Ciurca ni los ministros han pedido un contrato o un lugar en OSEP. Por lo tanto, no se entiende el porqué de esta incorporación masiva inconsulta.
"Lo que se cuestiona, más allá del número, es no haber tenido el gesto político de preguntar antes o explicar que se debía tomar gente por tal o cual motivo. Si respondía a una necesidad, se habría estudiado como corresponden", reconocieron en el cuarto piso de Casa de Gobierno.
Para cuando el mandatario estuvo al tanto de los contratos, ya habían pasado dos meses. "Darle de baja ahora sería un despropósito y una estafa", aclaró en su entorno.
El tema se vinculó entonces con uno de los ejes centrales de la gestión de Pérez: El Pozo, la villa ubicada en el oeste de Godoy Cruz y donde el Ejecutivo ha puesto toda su política de Desarrollo Social.
El argumento que esgrimen es que, si bien Pérez considera que las fuentes laborales para la gente del lugar deben partir del sector privado, lo lógico hubiera sido que si había que cubrir puesto en OSEP, primero se debería haber hecho un relevamiento para que ver si alguien de El Pozo podía responder a esas necesidades.
Pérez puso como ejemplo a Enrique Soler, administrador y máxima autoridad de la Dirección Provincia del Vialidad. A Soler le reconoció haber suspendido el año pasado el ingreso de 300 personas, cuyos contratos ya estaban listos, pero que fueron postergados por entender que, luego de la firma del decreto 1, no era el momento para ampliar la planta de personal.
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