La Justicia dio lugar a la cautelar presentada por un grupo de consejeros escolares de varios distritos del Conurbano para suspender la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que se había puesto en marcha a través de un decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal. En Lanús ya había comenzado la prueba piloto. A partir de la decisión del juez Luis Arias, el SAE deberá volver a ser gestionado por los consejos escolares.
Según la resolución del Juez, “los municipios que hayan adherido al programa y éste se encuentre en ejecución, corresponde otorgar un plazo de 30 días de conformidad a lo establecido” para que se deje sin efecto.
En diálogo con el programa radial de Política del Sur, uno de los representantes de la cautelar contó: “Esta presentación la llevamos a cabo hace 20 días, cuando tomamos conocimiento del decreto 2.077, a través del cual la Gobernadora intentaba la municipalización del Servicio Alimentario Escolar a través de una prueba piloto en doce distritos. Nosotros entendemos que era una medida anticonstitucional porque, según establece la reglamentación, el SAE debe estar a cargo de los consejos escolares”.
Asimismo, valoró la determinación del juez Arias y agregó que “después se planteará el tema de la inconstitucionalidad, y ahora se están instrumentando para el Ejecutivo los pasos para que deje sin efecto esta instancia”.
La cautelar afecta a los doce distritos en los cuales se comenzó con la municipalización del servicio. “Es una medida anticonstitucional y avasalla los derechos y constituciones de los consejos. Esta resolución nos da el derecho de decir que no estamos equivocados en lo que planteamos”, arremetió un consejero escolar.
En tanto, quienes interpusieron la cautelar aclararon que esta medida no significa que los chicos no van a contar con el servicio alimentario en las escuelas, sino que “es para que la administración, los recursos y el servicio educativo vuelvan a la potestad de los consejos escolares”. Además, cuestionaron que, en el caso de Lanús, donde se comenzó a implementar la prueba piloto, “aún no se hizo ninguna licitación del servicio, sino que se está haciendo en forma de contratación directa, y es algo que la ley no lo permite”.
Por último, el Ejecutivo provincial va poder apelar ante esta decisión de la Justicia, pero los consejeros que realizaron la presentación desafiaron: “Ellos verán lo que es más conveniente, si apelar una decisión judicial que se ampara en lo que dice la Constitución o no”.
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