No se molestan en simular una convivencia amigable; al contrario. La relación entre la Municipalidad y el Concejo Deliberante de Yerba Buena parece una caja de Pandora.

El martes último, seis de los nueve concejales presentaron un proyecto de resolución para revocar la licencia que, en septiembre pasado, le habían otorgado a su par Lisandro Argiró, el radical que, en ese entonces, renunció al cuerpo para asumir como secretario de Gobierno del municipio.

El expediente lleva las firmas de los otros tres ediles radicales, Benjamín Zelaya, Lucas Cerúsico y Maximiliano García; del macrista Pedro Albornoz Piossek y de los peronistas Héctor Aguirre y Walter Aráoz. Ahora, debería ser tratado en las comisiones y, de prosperar, debatido en sesión.

“Hasta la fecha, y por distintas razones, todavía no ha asumido quien le sigue a Argiró en la lista. Esta situación se encuentra en los fueros judiciales. Para evitar conflictos, consideramos oportuno que el señor concejal regrese a su cargo. Él es el titular de la banca que le confiaron los vecinos para que cumpla el rol de gobernar desde el Concejo”, justificaron.

En caso de que dejen sin efecto la licencia, Argiró debería reintegrarse a sus funciones el día siguiente a la sanción de la ordenanza, según el texto. Algo con lo que el actual funcionario parece no estar conforme. Asegura que se trata de un proyecto “patético” y de una declaración conjunta de “incompetencia, ineficiencia y pérdida” de rumbo. “Las autoridades del Concejo son noticia, todas las semanas, por alguna violación a las leyes. Su objetivo es generar escándalos y poner palos en las ruedas. Nosotros, en cambio, hemos anunciado hechos”, declara. Luego, dice que responsabiliza a Zelaya -el presidente del Concejo- de ser funcional al kirchnerismo. “Sus constantes atropellos son un intento de golpe institucional. Sólo busca desgastar a un gobierno elegido por el pueblo. En su gestión, no ha aportado ni una solución concreta a los problemas de los vecinos”, añade.

¿Le parece correcta su decisión de haber renunciado a la banca como concejal para asumir en el gabinete del intendente Campero?, se le pregunta. “Yo no renuncié a mi banca. Pedí licencia para seguir trabajando por el municipio. Lo que pretenden hacer es revocar un permiso debido a una disputa política”, responde. También el intendente cree que es inadecuado el retorno de Argiró, pues la licencia fue solicitada y aprobada.

En septiembre, los ediles le concedieron a Argiró su licencia. El 4 de octubre, la Junta Electoral Provincial les comunicó que la vacante debía ser cubierta por Rodolfo Aranda, quien le seguía en la lista. Desde entonces, reclama que le permitan asumir. En la última sesión, un mes atrás, se aprobó una ordenanza impulsada por la mesa de conducción (Zelaya, Cerúsico y Aguirre), para crear una comisión investigadora del pliego. Sospechan de posibles negligencias de Aranda mientras dirigía las oficinas municipales de Atención al Vecino y Sanidad Ambiental. Ese proyecto fue vetado por Campero, con el argumento de que el Concejo incurriría en una extralimitación de sus competencias, entre otros.

La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo debe pronunciarse, luego de que Aranda presentara un recurso de amparo.