El fiscal de Estado, Raúl Abate, reveló que el organismo a su cargo hará una revisión integral de las adjudicaciones y cesiones de tierras públicas anteriores al año 2005.

El funcionario y su equipo de colaboradores tienen la certeza de que hay numerosos casos en los que se produjeron maniobras irregulares en la transferencia de campos que pertenecían al Estado a manos de particulares o de empresas.

Pese al tiempo transcurrido, considera que todavía hay posibilidad de recuperar parte de esos inmuebles rurales y restituirlos al fisco.

En diálogo con EL LIBERAL, Abate expresó: “En este momento, estamos en una segunda etapa en la que vamos a revisar lo realizado con anterioridad a la llegada de este gobierno”, lo que sucedió en marzo de 2005.

“Estamos abiertos a recibir las denuncias que se nos hagan llegar”, adelantó el entrevistado.

En ese sentido, destacó que el primer paso será el de verificar la situación dominial del campo en cuestión y si no se vencieron los plazos procesales para iniciar el reclamo ante la Justicia.

“Vamos a atacar todo aquello que sea atacable y que no sea cosa juzgada. Hay que tener en cuenta los plazos procesales sobre cesión de derechos y acciones que solidifican”, afirmó.

En cuanto a los organismos que intervinieron en la entrega de tierras fiscales que serán motivo de estudio, Abate señaló: “No sólo se verá la actuación de la Dirección de Colonización, sino de aquellas actuaciones judiciales que hayan tenido algún tipo de engaño en la sentencia que atribuyeron derechos que no existían”.

En concreto, se buscan detectar entregas fraudulenta o “desafortunadas”, como dijo el funcionario.

Acciones permanentes

Por otra parte, manifestó que “permanentemente estamos introduciendo causas (en la Justicia), para lo cual estamos concurriendo la Fiscalía de Estado con gente de la Dirección de Tierras y Bosques a los lugares para comprobar in situ la veracidad o no de las denuncias”.

“Hay un quantum de tierras importante que se está tramitando su restitución al Estado y que, por supuesto, son los casos más difíciles porque hay numerosas transferencias para hacer valer el principio de adquirente de buena fe, valiéndose de disposiciones de la ley que son aprovechadas generalmente por gente que usurpa tierras”, acotó Abate.

Por esa razón, desde Fiscalía se “están contestando excepciones de incompetencia y trámites de respuesta a planteos de denunciados”.

Buena parte de las actuaciones están referidas a campos ubicados en el norte provincial.l