Mientras que desde el alperovismo promueven un proyecto para que el inmueble, lindero con el lujoso edificio de la nueve sede legislativa, sea demolido, desde el radicalismo proponen que sea protegido por la Ley de Patrimonio Cultural. Hace una década, el tema terminó en la Justicia, que resolvió preservarlo. Por el mismo camino.
En esta oportunidad, se trata del edificio donde funcionó la ex Brigada de Investigaciones, lindero con la moderna y lujosa nueva sede del Poder Legislativo, en la zona de avenida Sarmiento y Muñecas. Mientras que el alperovismo propone demolerlo, desde la Unión Cívica Radical promueven que sea protegido por la Ley de Patrimonio Cultural.
Por un lado, un proyecto de ley, firmado por los alperovistas Sisto Terán Nougués y José Gutiérrez, propone derogar el artículo 3 de la ley por la que se dispuso que el nuevo edificio de la Cámara se construya en el predio emplazado en avenida Sarmiento y Muñecas. Dicha norma ordenó preservar la fachada del local en el que funcionaba la ex Brigada, como parte del patrimonio histórico de la provincia.
En cambio, una iniciativa presentada por Silvia Elías de Pérez colisiona con la intención del oficialismo de demoler el inmueble.
En su iniciativa, Terán Nougués y Gutiérrez plantearon que mantener la vieja fachada en pie afecta la dignidad de sus conciudadanos, argumentando que el edificio de la ex Brigada de Investigaciones no está protegido por las leyes que preservan el patrimonio arquitectónico e histórico de la provincia, por lo que solicitaron su demolición.
"La ley (6.958) disponía que se respetara la facha original del edificio donde funcionaba la tristemente célebre Brigada de Investigaciones de la Policía provincial, sitio donde en épocas preteritas se concretaron los más aberrantes crímenes de lesa humanidad, siendo por ello que esta Palacio Legislativo viene a borrar de un plumazo y para siempre este símbolo del horror que afligió a miles de tucumanos. Es claro que este inmueble no es patrimonio cultural de la provincia", reza el proyecto del oficialismo.
Respecto a los argumentos alperovistas, Elías de Pérez consideró que "no se puede elegir las porciones de la historia que nos gustan y eliminar las otras. No hay dudas de que un centro clandestino de detenciones no remite a ningún recuerdo agradable para la sociedad tucumana. Hay que resignificar ese edificio y hacer docencia para que lo que sucedió ahí no se repita nunca más", manifestó la opositora.
Además, la legisladora por la UCR agrego que "hay lugares que por su carga histórica deben tener un rol estratégico en la diagramación de políticas destinadas a la construcción de la memoria activa, para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos. Un claro ejemplo de ello lo constituye la decisión de la UNESCO de declarar Auschwitz patrimonio de la humanidad". En el mismo sentido, agregó que "otro ejemplo de esto en el país es haber constituido la ESMA en un museo de la memoria". Por otro lado, recordó que "los integrantes del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, destacaron la importancia de su fachada en su integridad por sus valores arquitectónicos, paisajísticos y ambientales, y recordaron que el diseño compone un conjunto homogéneo con los ingresos de las Comisarías de Sección, Segunda y Tercera, edificios atribuidos también al destacado arquitecto Pelsmaeckers. No oír a los especialistas en el área sería un inexplicable acto de obstinación", concluyó Elías de Pérez.
Una vieja polémica
El artículo de la norma que ahora podría ser modificada se sancionó hace más de una década, tras una polémica por el destino del edificio que ocupaba la ex Brigada de Investigaciones. En principio, el proyecto para construir una nueva Legislatura incluía la demolición total del edificio construido a principios del siglo XX por el arquitecto belga Alberto Pelsmaekers, en un conjunto estilístico que complementaba el diseño de las comisarías Segunda y Tercera. La discusión se extendió a los tribunales y el ex juez federal subrogante Mario Racedo llegó a prohibir, mediante una medida cautelar, que se tocara cualquier parte de la ex Brigada en una causa iniciada por la Federación Económica de Tucumán y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán.
La Cámara Federal de Apelaciones modificó, luego, la decisión del juez de primera instancia y autorizó el nuevo destino, pero limitando el terreno.
Tras varias audiencias de conciliación, se consensuó que un sector debía ser objeto de preservación por su valor histórico.
Los camaristas determinaron que no se podían alterar los treinta metros del frente situados sobre avenida Sarmiento y siete de profundidad sobre calle Muñecas. La conservación expresamente alcanzaba a las seis ventanas y a la gran puerta central, con sus respectivos ornamentos. "Su estructura, estilo, lenguaje arquitectónico, contraste de lo antiguo con lo moderno, exceden el marco cognoscitivo de esta causa, por lo que no pueden ser objeto de tratamiento", dijeron los jueces en su sentencia.
El mandato judicial se cumplió sin alteraciones. La construcción del nuevo e imponente edificio de la Legislatura dejó en pie la vieja fachada, aunque esta no tuvo otro tratamiento arquitectónico que una buena mano de pintura. El contraste entre la vieja construcción y el nuevo parlamento es evidente para quien transita por la zona de la plaza Urquiza, lo cual constituye otro argumento del oficialismo a la hora de promover su total demolición.
El proyecto en debate podría reavivar la polémica diez años después y todo parece indicar que nuevamente terminará judicializándose.
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