Hasta esta instancia llegó el reclamo de la familia de Diez, después de haber recibido un fallo de la Corte neuquina ubicando la decisión en el ámbito familiar, es decir, en el mismo sentido que interpretó la situación Gils Carbó, de acuerdo con las leyes vigentes. Esta interpretación fue discutida judicialmente en Neuquén, y el caso tuvo resonancia social, especialmente después que intervino en el debate el obispo Virginio Bressanelli, en defensa de favorecer la continuidad vital del paciente.

Gils Carbó indicó que la decisión sobre “el retiro, cese y abstención de todas las medidas de soporte vital que lo mantienen con vida en forma artificial pertenece a su zona de reserva, garantizada por el derecho a la autonomía personal”, por lo que “se encuentra libre de las injerencias del Estado y de terceros”.

Esa interpretación fue discutida por el obispado neuquino, para el que retirar los soportes vitales en el caso de Marcelo Diez implica retirarle la alimentación, y dejarlo morir de inanición. Para la iglesia neuquina, esto equivale prácticamente a un asesinato.

El tema estará ahora a consideración de los integrantes del máximo tribunal de Argentina. Pero lo que dictamine la Corte seguramente no terminará la polémica, ya instalada. La polémica no se acota al ámbito familiar en este caso, sino que tiene una evidente connotación social y hasta política, ya que el caso se ha transformado en testigo de si es válida en estas situaciones la aplicación de la “muerte digna”, según se ha legislado.