Después de años de lucha fue reconocida como legítima la posesión de 674 hectáreas que esa familia mapuche ocupa al oeste del río Azul y que eran codiciadas por empresas que pretendían desarrollar proyectos madereros e inmobiliarios.
El intendente de Lago Puelo le otorgó el título de propiedad comunitaria que reclamaba a la Comunidad Cayún.
En 1920, Domingo Cayún cruzó la cordillera desde Chile con su familia y se asentó en bosques vírgenes al oeste del río Azul en los que actualmente continúan residiendo sus descendientes. En 1961 la familia obtuvo el Permiso Precario de Ocupación de 200 hectáreas por resolución del Instituto Autárquico de Colonización y con el tiempo la ocupación de esos campos se extendió a un total de 674 hectáreas.
En 2002 la Municipalidad de Lago Puelo le adjudicó a precio simbólico a los Cayún las 200 hectáreas que originariamente habían solicitado. Sin embargo, no aceptaron esa adjudicación y constituyeron ante el Instituto Nacional Indígena (INAI) la Comunidad Mapuche Cayún. Así presentaron una mensura por 674 hectáreas, reclamando el título comunitario y gratuito de esa superficie.
El año pasado, después de un largo período en que la falta de diálogo derivó en un conflicto politizado y en cierto modo judicializado, se arribó a una solución cuando integrantes de la Comunidad Cayún se reunieron con el actual intendente Iván Fernández y el 29 de diciembre último esa comuna dictó una resolución a través de la que le otorga el título de propiedad comunitaria.
La norma reconoce “la legítima, real y pacífica ocupación y derechos de posesión que ejerce la comunidad mapuche Cayún” sobre esas tierras. La decisión se dio en un contexto en donde se dificulta aplicar el derecho indígena en los litigios que involucran a personas que se autoreconocen pertenecientes a un pueblo originario.
La resolución municipal, con la firma del intendente Iván Fernández, dimensiona que “mucho antes de la reciente legislación nacional de reconocimientos a las comunidades aborígenes y campesinas --respecto de tierras y bosques que ocupan--, ya en 1987 la comuna de Lago Puelo ratificó la vigencia de los permisos precarios de ocupación por el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural a los pobladores ubicados al oeste del río Azul”.
El texto recuerda toda la legislación que protege los derechos de los pueblos originarios, tanto la Constitución nacional como la provincial, y tratados internacionales --frecuentemente soslayados-- como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Además, ordena derogar toda norma municipal que se oponga a la decisión adoptada.
TERRITORIO EN DISPUTA
El predio de casi 700 hectáreas de los Cayún tiene una historia de contiendas entre distintos sectores económicos que querían quedarse con él debido al enorme valor al que cotizan sus tierras.
Tanto negocios inmobiliarios como madereros fueron los que enturbiaron las constantes negativas a la familia Cayún para obtener el título comunitario --casi seis años--. Es que el concepto de “comunitario” resulta difícil de incorporarse en el lenguaje judicial.
Además, la comunidad Cayún resultó finalmente beneficiada por una norma que, paradójicamente, ha sido perjudicial para los pueblos originarios: en 1994 la provincia traspasó las tierras rurales a los municipios, que las catalogaron como tierras fiscales.
Desde ese momento, surgieron conflictos entre comunidades indígenas y compradores de tierras, debido a que las gestiones municipales “desconocían” que esos lotes eran territorios ancestrales. Ahora, la resolución del intendente Fernández sienta un precedente para otras municipalidades, a partir de que los Cayún lograron que se ratifiquen sus derechos sobre el territorio donde habitan desde 1920.
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